El Congreso del Estado de México aprobó las solicitudes de 21 municipios para aplicar tarifas diferenciadas en los derechos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales durante 2025.
Estas modificaciones, en su mayoría vinculadas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), tienen como objetivo atender las particularidades operativas, técnicas y financieras de los municipios.
De los 21 municipios involucrados, 19 reajustarán sus tarifas conforme a la UMA. Estos son: Acolman, Amecameca, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec.
Atizapán y NR subirán costo de manera diferenciada
En Atizapán de Zaragoza, las modificaciones incluyen una reclasificación de tarifas para el sector comercial, sin aumentos, mientras que en el sector industrial habrá incrementos del 2% para usuarios con medidor de agua y del 7% para quienes carezcan de este dispositivo.
Por su parte, Nicolás Romero ajustará sus tarifas con un aumento del 3.5% según lo dispuesto en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México.
El dictamen, presentado por la diputada Miriam Silva Mata, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, también exhorta a los municipios a implementar acciones para mejorar la recaudación de los derechos relacionados con el agua, aunque hay que destacar que muchos municipios no han invertido en infraestructura en los últimos años, ya que muchos de ellos, siguen dependiendo del agua que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) les envían del Sistema Cutzamala.
Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad de los servicios hídricos y optimizar la operación de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado.
La legislación estatal establece que los ayuntamientos interesados en aplicar tarifas diferentes a las previstas en el Código Financiero deben presentar sus propuestas a la Legislatura a más tardar el 15 de noviembre para su análisis y aprobación. Este proceso permite a los municipios adaptar las tarifas a sus condiciones locales y necesidades específicas.
Con estas medidas, el Congreso busca impulsar una gestión más eficiente del agua y fortalecer la recaudación en beneficio de las comunidades, manteniendo el compromiso con el desarrollo sostenible y el acceso a servicios básicos de calidad en el Estado de México.