Los activistas Ceci Flores y Adrián Bryan LeBarón, así como la periodista Marcela de Jesús Natalia, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto “maquillaje” o subregistro en las cifras de personas desaparecidas y homicidios en el Sistema Nacional de Seguridad Pública manejado por el Gobierno Federal.
La denuncia va en contra de las personas que resulten responsables, pero señala que es responsabilidad de los servidores públicos que coordinan, sistematizan y actualizan la información estadística que es retomada para definir las acciones en materia de seguridad.
“Queremos que la Fiscalía haga su trabajo en búsqueda e investigación y que no oculte información de las personas que han sido ejecutadas”, dijo la líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores Armenta.
Bryan LeBarón aludió a hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2019, cuando nueve de sus familiares fueron asesinados en Sonora por parte de un grupo criminal. En ese entonces el gobierno reportó cinco decesos.
“Los responsables, las instituciones estatales y federales encargadas de reportar estos datos, porque, o no sé lo que está pasando o el presidente está queriendo engañar a todos los mexicanos, porque ¿cómo en un caso donde llegaron medios internacionales a ver los nueve muertos y que nos quieran decir que solo hubo cinco? ¿Qué está pasando?”, dijo el activista.
Por otro lado la periodista Marcela de Jesús Natalia, oriunda de Guerrero y quien hace cinco años sufrió un atentado que la llevó al exilio, exigió a las autoridades que se aporten datos reales y no traten de engañar a los ciudadanos con datos falsos.
En la denuncia el activista, la madre buscadora y la periodista expusieron que parte del problema está radicando en que en el proceso de registrar a las personas asesinadas y desaparecidas no se cuenta con especialistas en el tema, pues no sólo es una labor de actualizar la información.
Bryan LeBarón acusó que el Gobierno revictimiza, pues no basta con que las personas sufran el delito de homicidio o desaparición, sino que las autoridades también los “borran”, cometiendo con ello un segundo crimen.
Karla Quintana acusa incumplimiento en registros
La excomisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México, Karla Quintana, recordó este miércoles que la ley de 2017 sobre personas desaparecidas ordena al Estado crear cuatro registros que tienen que coordinarse entre ellos para favorecer la localización de personas desaparecidas.
“Estos registros son para buscar personas mediante el cruce de información y tienen la vocación de facilitar la coordinación institucional”, relató Quintana durante la conferencia ‘Personas desaparecidas ¿Quiénes son?’ en la que describió cada uno de los registros y la situación en la que se encuentran.
En noviembre, Quintana dijo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con el “censo casa por casa” no se estaba llevando a cabo por autoridades especializadas y su intención no es obtener la mejor información posible, sino reducir la cifra total de personas desaparecidas.
Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador la acusó, sin mostrar pruebas, de manipular el registro de desaparecidos, cuando estaba al frente de la CNB, con la intención, dijo el mandatario, de afectar a su Gobierno, además de negar que haya más 126 mil desaparecidos en México.
Quintana relató este día en el Colegio de México que es necesario preguntarse “quiénes son” las personas que se están buscando en México más que “cuántos son”.
Recordó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no es el único registro, sino que cuatro registros contenidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida por Particulares Y del Sistema Nacional de Búsqueda De Personas.
Dicha norma obliga al Estado mexicano a crear y coordinar la implementación de los cuatro. El primero es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que empezó a funcionar en 2020, que la CNB tiene que crear y coordinar pero que las fiscalías y otras autoridades tienen que “rellenar”.
El segundo registro es el Banco Nacional de Datos Forenses, que debe ser administrado por la Fiscalía General de la República (FGR) que se puso en marcha este año.
El tercer registro es el de fosas, tanto clandestinas como comunes, que también corresponde a la FGR pero que a día de hoy todavía no está funcionando, aunque desde la CNB, durante la gestión de Quintana, se construyó un registro de fosas clandestinas solicitando información a fiscalías. Por último, el registro nacional de personas desaparecidas no reconocidas y no reclamadas.
Con información de EFE.
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