
En su expansión por el estado de Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se apoderó de diversas actividades criminales ajenas al tráfico de drogas y más focalizadas en delitos ambientales, tales como la tala ilegal y explotación de minas de materiales pétreos.
El procurador del Medio Ambiente de Michoacán (Proam), Manuel Arturo Chávez Carmona, reconoció que células criminales vinculadas al CJNG que operan en las regiones de Morelia, Quiroga y Maravatío amenazan, intimidan e impiden el trabajo del personal a su cargo.
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Agregó que intentaron hacer inspecciones en la región derivadas de denuncias ciudadanas que alertan por la tala clandestina de bosques y la extracción desmedida e ilegal de materiales como arena y grava, pero fueron recibidos con disparos de armas de fuego de grupos criminales que controlan dichas zonas.
Ante los medios de comunicación, Chávez Carmona afirmó que ya dio aviso a las autoridades estatales para que investiguen a los responsables, quienes se presume con los grupos delictivos locales pero aliados al CJNG.
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El funcionario estatal recordó que hace poco acudieron al Cerro del Águila para revisar unas ollas de aguas que se estaban formando cerca de la recién nombrada Zona Natural Protegida pero tuvieron que detener la marcha por la amenaza de civiles armados que estaban a punto de interceptarlos.
Los policías que acompañaban al titular de la Proam interceptaron una señal de radio de unos presuntos sicarios que estaban listos para dispararles y evitar que siguieran avanzando.
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Guardias blancas
Al realizar el reporte a las autoridades de seguridad estatal les informaron que podrían tratarse de “mercenarios para proteger huertas”, similar a las “guardias blancas” contratadas en la época de Porfirio Díaz por los hacendados para proteger sus tierras, resaltó el procurador.
Hasta la fecha la Proam tiene varias denuncias presentadas por la presencia criminales que controlan al menos siete bancos de materiales pétreos en el estado; además de la tala clandestina de bosques.
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Conviene señalar que desde 2021 la Universidad de Guadalajara publicó el estudio Gobierno pasivo, crimen organizado y deforestación: el caso del occidente de México; en él se da cuenta de la disputa del crimen organizado por controlar la tala ilegal en los bosques de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
A través de amenazas, extorsiones, secuestro, desaparición y asesinatos de pobladores, activistas y terratenientes los cárteles impusieron su dominio en la región montañosa del occidente del país.
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El CJNG, La Familia Michoacana, Los Viagras y Cárteles Unidos serían las organizaciones criminales que controlan la mayoría de la tala ilegal en la región.

Sembrar aguacate, la orden
Un análisis de InSight Crime apunta a que los cárteles mexicanos están obligando a los dueños de las tierras a sembrar aguacate por su alta demanda en el mercado internacional, pero después los extorsionan, les roban su mercancía o les cobran derecho de piso.
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Indicadores de organizaciones ambientalistas como Resiliencia y Desarrollo Comunitario refieren que en los últimos 20 años se han talado cerca de 100 mil hectáreas de bosques para sembrar árboles de aguacate o utilizar las tierras para la cría de ganado.
Otro delito ambiental controlado por el crimen organizado es la pesca desmedida y la pesca de especies protegidas. Según se lee en un informe del Instituto Brookings el CJNG y el Cártel de Sinaloa obligan a pescadores a trabajar para ellos en la pesca de especies exóticas que después distribuyen en el mercado negro asiático; a cambio les pagan con drogas o los van obligando a unirse a las filas del crimen como narcomenudistas.
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