Quiénes son los senadores de la 4T que están en contra de extinguir los 13 fideicomisos del Poder Judicial

Pese a que diputados de Morena y partidos aliados ya aprobaron la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que suman en conjunto 15 mil 434 millones de pesos, hay senadores de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) que se oponen a ello.

Y es que, a diferencia de lo que asegura AMLO, que el objetivo es acabar con los “privilegios de magnates” de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estos legisladores argumentan que lejos de afectar “a los de arriba”, serán los derechos laborales del personal operativo de dicho sector, como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

Uno de ellos es el senador pr Chihuahua, Rafael Espino, quien también es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Incluso, se abstuvo este martes a votar la reforma durante la discusión en comisiones. Y es que señaló que al menos seis fideicomisos son derechos adquiridos a los agremiados por lo que consideró inconstitucional acabar con ellos.

“Si eliminar los excesos y los abusos se trata, me parece que la modificación de este segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, erra, falla”, agregó.

Además, dijo que los remanentes del PJF eran destinados a la infraestructura, el cual era depositado en los mismos fideicomisos en cuestión, así como otras cuestiones.

Otro que expresó su desacuerdo fue Alejandro Rojas Díaz-Durán, quien calificó como una mentiras que dicha cantidad de dinero sea utilizada por las y los ministros a su convenencias.

Además, subrayó que su labor en el Congreso es defender la Constitución y no obedecer instrucciones.

“Yo vengo a defender encima de todo la Constitución, la ley, la justicia, la verdad. Yo milito en Morena y Morena también tiene que respetar la Constitución [...] No podemos expropiar los recursos porque hay una Ley de Responsabilidades, la ley impide que pasen a la Tesorería de la Federación; estos dineros no pueden pasar del Poder Judicial al gobierno mexicano, es inconstitucional”, recalcó.

Por ello, pidió a sus compañeros de partido reflexionar bien lo que van a votar en las próximas horas en el Pleno, pues terminarán afectando a más de 55 mil trabajadores judiciales.

Asimismo, Ernesto Pérez Astorga, senador por Veracruz y presidente de la comisión de Hacienda, se abstuvo a votar el dictamen en comisiones.

La 4T vs el Poder Judicial

Con 27 votos a favor por parte de diputados de Morena y aliados, el pasado 10 de octubre se aprobó desaparecer 13 fideicomisos del PJF.

El único fideicomiso que se salva será el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por un monto de 6 mil 103 millones.

De acuerdo con la 4T, el objetivo de esta medida es recortar los “privilegios” de la Primera Sala de la SCJN, y con ello destinar los recursos supuestamente a obras públicas y programas sociales.

Legisladores morenistas argumentan que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”.

Sin embargo, la SCJN advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros, a quienes el presidente acusa de recibir 600 mil pesos al mes como salario.

Por su parte, el sindicato afirmó que los fideicomisos eliminados se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales de lo empleados, como seguridad social, vivienda, pensiones, cobertura de salud y retiro.

Varios legisladores como Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos analistas, coinciden que esta iniciativa es una venganza de López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte.

Y es que en el último año, la Primera Sala le ha tumbado varias reformas aprobadas por los legisladores de la 4T, como su “Plan B” de la reforma electoral.

Cabe mencionar que todavía falta que la extinción de fideicomisos sea aprobada en el Senado.