El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva la controversia constitucional que presentó el estado de Coahuila en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos desde agosto pasado.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República pidió a la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández que ordene de inmediato remitir a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar el expediente para su análisis y la elaboración del proyecto de resolución.
En su reclamo, la Consejería Jurídica indicó que son ya más de 30 días desde que la Secretaría General de Acuerdos, que depende directamente de la ministra presidenta, no ha remitido el expediente.
“Constituye una dilación injustificada en la impartición de justicia, que trasciende en perjuicio de niñas, niños y adolescentes del estado de Coahuila de Zaragoza, quienes a la fecha no cuentan con los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), necesarios para su formación académica”, se indicó.
Se acusó también que con ello no se está ponderando las consecuencias negativas en las actividades de los estudiantes de educación básica en la entidad.
Cabe señalar que ya el pasado 4 de octubre la SCJN resolvió sobre la controversia constitucional que presentó el estado de Chihuahua en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos.
En este caso, la Corte, bajo el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, determinó desechar la impugnación. Al existir este caso como precedente, se prevé - y así lo solicitó la Presidencia - que se resuelva la controversia en el mismo sentido.
El gobierno de Coahuila, a cargo del priista Miguel Riquelme, presentó una controversia constitucional el pasado 16 de agosto con lo que reclama la elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto.
La impugnación derivó de una serie de críticas en contra de estos materiales educativos por sus contenidos. Con ella, se otorgó una suspensión, con lo que los libros no podrían ser distribuidos en la entidad.
De esta forma, Coahuila se convirtió en la segunda entidad en promover una controversia constitucional detrás del estado de Chihuahua.
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