Gobierno de AMLO exhibió a tres jueces por supuestamente favorecer a delincuentes como “El Güero” Palma

El cofundador del Cártel de Sinaloa se mantiene preso en el penal del Altiplano, ubicado en el Edomex

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El cofundador del Cártel de Sinaloa se mantiene preso en el penal del Altiplano, ubicado en el Edomex

Una vez más, el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, exhibió a jueces y magistrados que presuntamente favorecieron a delincuentes. En la lista presentada este martes destacó el nombre de Cecilia Crockman Flores, quien fue señalada por ordenar la liberación de Héctor El Güero Palma Salazar.

Durante la tradicional conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer los nombres de los jueces y magistrados que destacaron por supuestamente ayudar a algunos criminales.

De acuerdo con la información, el 17 de mayo del presente año, Cecilia Crockman, encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero, decretó auto de libertad al cofundador del Cártel de Sinaloa, por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de nueve personas, ordenando su libertad en un plazo de tres horas.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, reveló los nombres de jueces y magistrados. (Foto: Tomada de video/Presidencia)
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, reveló los nombres de jueces y magistrados. (Foto: Tomada de video/Presidencia)

Sin embargo, será necesario recordar que, actualmente el Güero Palma se mantiene preso en el penal del Altiplano, localizado en el Estado de México por otra causa penal.

Rodríguez Bucio también destacó el caso de José de Jesús Rodríguez Hernández, quien se desempeña como juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guanajuato, quien pidió liberar a Guadalupe Israel “N”, alías “El Choncho” y sus cómplices.

Según las averiguaciones, este juez ordenó la libertad de “El Choncho” y siete de sus cómplices el 26 de mayo de 2023, a pesar de ser detenido en flagrancia durante un cateo, así como en posesión de cocaína, marihuana y metanfetamina y posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana también exhibió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien funge como actual Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, así como la magistrada Gabriela Rolón Montaño, secretaria Ejecutiva de Disciplina del CJF, ellas fueron expuestas por una queja contra la jueza de distrito de Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez de Aguascalientes.

Héctor “El Güero” Palma es cofundador del Cártel de Sinaloa, (Foto: Infobae México)
Héctor “El Güero” Palma es cofundador del Cártel de Sinaloa, (Foto: Infobae México)

Se trata del caso de desaparición de José Francisco “N”, un pepenador que fue detenido en diciembre de 2018 por elementos de la Fiscalía y escoltas del ex gobernador, Martín Orozco, actualmente desaparecido.

Según los datos, el 17 de mayo de 2023, la ministra y la magistrada desecharon una queja administrativa, que fue promovida contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez, quien ha sostenido criterios periciales, beneficiando a los 4 presuntos responsables (René “N”, Gerardo Omar “N”, Pablo “N” y Víctor “N”) de la desaparición forzada de José Francisco “N”.

Otro detenido por este hecho es Jaime “N”, se suicidó de manera sospechosa en 2019, en su celda en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes, y todavía faltan algunas personas por detener por el mismo caso.

De acuerdo con el gobierno de AMLO, las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez, podrían absolver a los procesados de este delito de desaparición forzada de José Francisco “N”.

Será necesario recordar que cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se mantiene en prisión, fue notificado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de mayo, debido a su presunta participación en el homicidio registrado en diciembre del año 2000, en contra de Juan Castillo Alonso, quien se desempeñó como subdirector del penal de Puente Grande Jalisco.