Fuerzas Armadas hasta en la ciencia, diputados aprobaron modificaciones a la ley

El reclamo de organizaciones sociales y científicas de poco sirvió, pues la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con la cual se expide la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual se plantearon diversos cambios en la estructura del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como por ejemplo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se inscriban como integrantes de su Junta de Gobierno.

Son muchos los cambios que se plantearon al expedir esta ley, entre ellos lo que fue señalado como una “conversión” del Conacyt y que se establezca como un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

El artículo 63 señala que el Consejo Nacional contará con dos órganos de gobierno y administración, uno de ellos una Junta de Gobierno y una Dirección General. Es al revisar la primera de ellas que se advirtió la presencia de dependencias castrenses dentro de su estructura interna.

Quedará conformada por alrededor de 10 dependencias, entre las que se encuentran las secretarías de Educación Pública, de Salud, Energía, Hacienda. Cultura, Economía e incluso se suma la de Bienestar. Pero también se incluyó en esta estructura a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar).

Otros integrantes de la Junta de Gobierno serán la misma Dirección General y seis personas invitadas por ésta, ya sea del sector público o privado.

La Junta de Gobierno de este consejo será presidida por el titular de la Dirección General, quien será designada por el Presidente de la República que además podrá remover a esta persona del cargo libremente, según lo señaló el artículo 66.

Como requisitos únicamente se establecen cuatro, uno de ellos el que sea una persona de nacionalidad mexicana y en pleno ejercicio de sus derechos; que cuente con una “sólida” formación curricular, trayectoria humanística, científica o tecnológica, con experiencia en la docencia y dirección de programas o proyectos.

También deberá haber realizado “destacadas aportaciones teóricas y de incidencia pública o social”, ya sea en humanidades, ciencias, tecnologías o innovación; y no encontrarse en los impedimentos señalados en la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Esto significa que esta persona no podrá ocupar la dirección general un familiar o cónyuge de quienes integran la Junta de Gobierno; que tenga un litigio pendiente con el organismo; que haya sido sentenciada por delitos patrimoniales o inhabilitadas para ejercer el comercio ni legisladores.

La iniciativa, promovida por el Ejecutivo federal, fue rebatida por la comunidad científica y académica del país, para lo cual se abrió un Parlamento Abierto en el que se criticó que aunque se permite la expresión de ideas y propuestas, finalmente no son tomados en cuenta.

Otra polémica que se inscribió en esta ley fue que, de inicio, planteó como uno de sus ejes el derecho humano al acceso a la ciencia, sin embargo, esto entró a debate por parte de académicos que aseguraron que esto ya estaba contemplado a través de pactos internacionales.

Se suma a ello el hecho de que en el artículo 39, sobre la entrega de becas nacionales y apoyos complementarios, en la fracción IV se indicó que estos apoyos podrán entregarse conforme a disponibilidad presupuestaria a las personas que realicen actividades de investigación humanística o científica en temas que la Junta de Gobierno defina.

Esto es, la Junta de Gobierno podrá becar temas de investigación, siempre y cuando estos se inscriban en la Agenda Nacional.

También se habló sobre el artículo 36 de la ley, en donde se habla de los derechos de autor y la propiedad industrial, un hecho que dividió pues se indicó que toda obra derivada de procesos de investigación financiados por recursos públicos emanados de este Consejo Nacional deberán “redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México”.

Es por ello que se establece que el Consejo Nacional será titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades y proyectos que financie, hecho que no ha sido bien visto por integrantes de la comunidad académica y científica.