Gobernadores de Morena se lanzaron contra ministro que suspendió el Plan B

Gobernadoras y gobernadores de Morena se pronunciaron en contra de la suspensión al paquete de reformas en materia electoral, conocido como Plan B, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió un recurso de impugnación interpuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un desplegado, titulares de ejecutivos locales en diversas entidades manifestaron que la resolución del ministro es inconstitucional por diversos motivos, al tiempo que señalaron que el Plan B no suponen un riesgo para los procesos electorales, como se acusa.

“La Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales. Además, viola el equilibrio de poderes”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el documento, es violatorio que un solo ministro de la SCJN suprima “de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo”.

La misiva fue suscrita por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo; así como por todas y todos los mandatarios morenistas como Layda Sansores, Cuauhtémoc Blanco, Américo Villarreal, Mara Lezama, entre otros.

Señalaron que el Plan B tiene como finalidad el reducir “el costo desmesurado” de las elecciones, el reforzar principios democráticos fundamentales, “adelgazar el pesado aparato burocrático” y el presupuesto del árbitro electoral. “Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”, aseveraron.

En ese sentido, calificaron la decisión de Laynez Potisek como arbitraria, la cual debería ser revertida por el pleno de la Suprema Corte, pues la catalogaron como una medida “con el interés de obstaculizar la transformación nacional”, así como de preservar el poder de las élites, tecnocracias y burocracias, contrario a los principios de la austeridad republicana del gobierno de la Cuarta Transformación.

Bajo dichos planteamientos, se sumaron a las peticiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y del Senado de la República, quienes impugnaron la suspensión al considerar que se trató de una extralimitación por parte de Javier Laynez y un “atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”.

“La transformación de la vida pública en México está en curso y no podrá ser detenida mediando maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía. Quienes firmamos este texto manifestamos nuestra más resuelta decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales”, concluyeron.

En tanto, este martes 4 de abril la SCJN admitió a trámite las impugnaciones tramitadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de México y del Senado en contra del freno que Laynez aplicó al conjunto de reformas electorales tras los recursos de controversia que promovió el INE previo a que Lorenzo Córdova dejara la presidencia del instituto.

Por su parte, luego de que se dio a conocer la suspensión de Javier Laynez, AMLO aseveró en su conferencia matutina que el ministro “se extralimitó y excedió en sus funciones”.

“Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil, porque lo que no quieren, ni siquiera, es que se declare inconstitucional la ley electoral; lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo”, acusó el mandatario federal.