Organizaciones que descubrieron espionaje de la Sedena a activistas, exigieron a la FGR una investigación

El pasado 7 de marzo, las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic publicaron una investigación llamada “Ejército Espía”, en la cual revelaron que las Fuerzas Armadas intervinieron las comunicaciones de un activista de Derechos Humanos.

Y no fue hasta tres días después que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina confirmó que su gobierno investiga y da seguimiento a personas civiles. Sin embargo, lo llamó “investigación” y no “espionaje”.

Ante esto, la organización R3D emitió un comunicado en el que condenó las declaraciones del presidente y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigara el asunto pues argumentaron que el ejército no tiene facultades legales para intervenir comunicaciones privadas de civiles.

En el comunicado firmado por las organizaciones presentaron varios puntos en los que reporbaron las acciones del presidente, pues aseguraron que estaba encubriendo al Ejército, lo cual daba preambulo a la impunidad.

Igualmente reprobaron que no llamara a la corporación de seguridad a la rendición de cuentas y en cambio atacara a las organizaciones y medios que participaron en la investigación.

Continuaron señalando que el Ejército no tiene facultades legales para intervenir las comunicaciones de civiles, además de que no contaban con autorización judicial: “El espionaje realizado por la SEDENA es ilegal, un delito y por lo tanto, injustificable”.

Finalemente exigieron que la FGR realizara una investigación “diligente e imparcial” por los hechos de espionaje ilegal en contra de Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político.

Asimismo pidieron que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, explicara publicamente la justificación para que se realizaran las intervenciones en contra de Raymundo Ramos.

El “Ejército Espía” y la reacción de AMLO

De acuerdo con la investigación presentada con base en documentos filtrados por los hackers del colectivo Guacamaya, la Sedena estableció una estructura secreta de espionaje militar para interferir en las investigaciones de activistas sobre abusos por parte de las Fuerzas Armadas.

La estructura militar secreta espió con el programa israelí Pegasus al defensor Raymundo Ramos para interferir en una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales del Ejército en Nuevo Laredo ocurridas el 3 de julio de 2020.

En los documentos obtenidos, se señala que Ramos trabaja para el Cártel del Noreste, “sin ofrecer evidencia alguna y con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares” y el equipo encargado del espionaje “recomienda” cómo utilizar la información obtenida del activista en su contra.

Ante esto, AMLO, en la conferencia del 10 de marzo, al ser cuestionado por la periodista Nayeli Roldán, reconoció las intervenciones, pero se justificó negando que se tratara de espionaje y en cambio dijo que era para prevenir actos de “sabotaje o crímenes”.

“Me informan, es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación (…) y que tiene como propósito conocer sobre movimiento u operaciones de la delincuencia organizada”, explicó el Ejecutivo, quien insistió que no existe ilegalidad en el actuar de las Fuerzas Armadas sobre este tema.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, quienes cuestionaron el uso del aparato de inteligencia en civiles, el primer mandatario rechazó tajante e insistentemente que fuera así.

“Un invento de ustedes, un golpe más”, descalificó los dichos e incluso se negó a ver la evidencia que Roldán ofreció enseñarle.