El 11 de septiembre de 2024, cuando el agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Miguel Rivaldi gaseó a Carla Pegoraro y su hija Fabrizia, de diez años, en una marcha en apoyo a los jubilados, “sabía perfectamente lo que hacía y quiso ese resultado”, concluyó el juez federal Daniel Rafecas en los fundamentos de la sentencia que lo condenó a un año y tres meses de prisión en suspenso.
Rivaldi es el primer uniformado que recibe una condena por irregularidades en el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas sociales de los últimos años, por lo general desplegadas en inmediaciones del Congreso Nacional.
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Hay otros tres casos emblemáticos camino a juicio oral: el gendarme Héctor Jesús Guerrero, quien disparó al fotógrafo Pablo Grillo; el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, autor de otro disparo que hirió a un manifestante en la misma marcha; y Nicolás Emanuel Céspedez, con procesamiento confirmado por empujar y lastimar a una jubilada de 82 años.
Cristian Miguel Rivaldi fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves. La pena incluye una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por dos años y medio. Su defensa puede apelar la decisión del juez Rafecas, que lo juzgó en un proceso correccional.
Los fundamentos de la condena
Todo ocurrió cerca de la esquina en la que se cruzan las avenidas Callao y Rivadavia. Carla Marina Pegoraro y su hija Fabrizia fueron caminando a la plaza para apoyar la protesta de ese miércoles.
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Alrededor de las 16:20, ambas ingresaron por la Plaza de los Dos Congresos y se sentaron sobre el asfalto en el segundo carril de la avenida Rivadavia. Minutos después, la formación policial avanzó por la calzada para despejar la vía pública, según la reconstrucción que surge del fallo.
En ese contexto, el principal Rivaldi, integrante de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (DOUCAD), se desvió de la línea de contención, se aproximó a las dos víctimas que permanecían sentadas en el suelo y accionó a muy corta distancia el dispositivo de gas pimienta que llevaba asignado.
El líquido irritante impactó de manera directa en los rostros y cuerpos de la mujer y de la menor. La agresión quedó registrada en filmaciones de medios de comunicación y en transmisiones televisivas en vivo, elementos que resultaron fundamentales para la investigación judicial.
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Durante la etapa de alegatos, la querella, representada por el abogado Gregorio Dalbón, calificó el suceso como un caso de violencia institucional. Había pedido una condena de un año y ocho meses de prisión en suspenso.
Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la acusación, coincidió en que el uso de la fuerza estatal debe ser estrictamente excepcional, proporcional y necesario.
El juez Rafecas, en su resolución, hizo énfasis en la importancia de que los agentes públicos respeten estrictamente los límites que impone la ley al ejercer la coacción en nombre del Estado.
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“La observancia debida de las leyes se torna aún más relevante cuando se trata, como en el caso del acusado, de una función pública relativa a fuerzas de seguridad federales, mediante la cual el Estado Nacional ejerce el monopolio de la violencia, inherente al estado de derecho”, analizó el magistrado.
Rafecas constató que el derribo de las vallas de seguridad que había alegado la defensa para justificar la respuesta policial ocurrió a las 15:45 horas, es decir, más de media hora antes del ataque a las damnificadas, por lo que no existía una amenaza persistente que justificara el uso de armas no letales contra los manifestantes.
La sentencia judicial determinó que el imputado violó de forma flagrante el “Reglamento General para el empleo de armamento no letal”, el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” y el “Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza”. Estas normativas exigen de manera explícita que los agentes apliquen la mínima fuerza indispensable y presten especial cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos.
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El juez dio por probado que Rivaldi contaba con plena capacidad auditiva y visual al momento del hecho, otro de los factores que había cuestionado la defensa del policía.
Las grabaciones de audio revelaron que, ante la embestida policial, varios manifestantes gritaron: “Hay una nena”. Esto se escuchó con la misma intensidad que las órdenes de avance que el policía afirmó haber escuchado y acatado. Asimismo, las imágenes demostraron que el visor del casco estaba levantado y que no existían obstáculos físicos entre el uniformado y las víctimas.
“Quedó descartado, en absoluto, que Rivaldi no hubiera visto a las dos mujeres. Rivaldi ya estaba en la misma escena del hecho que las víctimas, durante un lapso inmediatamente previo, compartiendo un espacio reducido en el cual tuvo de frente y sin obstáculos, a la vista, a ambas víctimas. De modo que, conforme la sana crítica racional, cuando Rivaldi acometió resueltamente contra ellas, sabía perfectamente lo que hacía y quiso ese resultado”, concluyó la sentencia.
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El fallo del juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py, dio por acreditado el nexo causal entre la acción del policía y el daño de salud diagnosticado a la menor de edad. Fabrizia Pegoraro asistió dos días después del hecho al Hospital de Oftalmología Santa Lucía, donde los profesionales médicos le diagnosticaron “conjuntivitis química”.
Al momento de fijar la sanción, el magistrado consideró como factor agravante la amplia experiencia del oficial, quien posee 20 años de antigüedad en la fuerza y se desempeña como instructor de control de disturbios, lo que le exigía un mayor nivel de respeto a las normas de uso de la fuerza.
“En efecto, la fuerza empleada por el efectivo policial no puede ser caracterizada como la mínima, necesaria y suficiente siendo que, las dos mujeres se encontraban en una postura completamente pacífica, y una de ellas era efectivamente una menor de edad”, dijo Rafecas.
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Como atenuantes, el juez valoró la falta de antecedentes penales del imputado y las disculpas públicas que este pronunció hacia las víctimas durante sus palabras finales en el debate oral.
“Es una condena por violencia institucional”
El abogado que representó a las víctimas, Gregorio Dalbón, se pronunció en su cuenta de la red social X tras la difusión de los fundamentos, y resaltó que esta “es la primera condena por un episodio de represión durante el gobierno de (Javier) Milei. Y es una condena por violencia institucional”.
“La protesta pacífica es un derecho; gasear a una niña es un delito. Por eso esta sentencia excede el caso individual. Afirma que el uso de la fuerza estatal tiene límites, que esos límites también rigen durante el control de una protesta y que su violación puede generar responsabilidad penal. Es un mensaje que puede leerse más allá de la Argentina: en una democracia, la protección de la niñez y el derecho a protestar no son concesiones del poder”, evaluó el letrado querellante.
Por último, afirmó que la batalla judicial por este caso “fue David contra Goliat. Y esta vez ganó David”, al considerar que la querella no contó con apoyo de organismos de derechos humanos, y que debieron instar al Ministerio Público Fiscal a que la acusación llegue a juicio.
“Lo que viene es la denuncia por encubrimiento agravado, previsto en el artículo 277 del Código Penal, contra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad al momento de los hechos, y Alejandra Monteoliva, entonces funcionaria de ese Ministerio. La querella sostiene que se llevó a los canales de televisión un video falso para negar lo ocurrido”, completó Dalbón.
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