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Le reclamó a su expareja la mitad de los bienes tras 15 años de convivencia, pero la Justicia rechazó la demanda

La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo que desestimó el planteo de una mujer contra su exconviviente. Solicitaba el 50% del valor de una construcción, mejoras en inmuebles, vehículos y electrodomésticos. La Justicia sostuvo que la convivencia no genera los mismos efectos patrimoniales que el matrimonio y que la demandante no logró acreditar aportes económicos concretos para la adquisición o mejora de esos bienes

La Cámara de Apelación de San Isidro rechazó la demanda de 23,5 millones de pesos tras la ruptura de una unión convivencial. (Imagen de archivo: Shutterstock)

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó el rechazo de una demanda por $23,5 millones presentada tras la ruptura de una unión convivencial de 15 años. La reclamante buscaba que se reconociera que había realizado aportes para mejoras en la vivienda, vehículos y otros bienes que quedaron registrados a nombre de su expareja. Los jueces concluyeron que no logró demostrar contribuciones concretas que permitieran modificar la titularidad de esos bienes o reconocerle el 50% de su valor.

El conflicto comenzó luego de que el demandado comunicara, el 24 de febrero de 2023, la finalización de la relación. La mujer respondió días después que aceptaba el cese de la convivencia, aunque pidió mantener el hogar para ella y el hijo en común, conservar la cobertura médica y acordar una compensación económica. También propuso inventariar y dividir los bienes adquiridos durante la relación.

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Ante el fracaso de las gestiones previas, la demandante —de 51 años actualmente— inició una acción por cobro de dinero. Sostuvo que durante la convivencia ambos habían contribuido al sostenimiento de la familia y al crecimiento del patrimonio. Afirmó que había trabajado, atendido pacientes y realizado tareas domésticas y de cuidado del hijo, sobre todo durante los períodos en los que el demandado trabajaba en el exterior.

La demandante reclamó la mitad del valor de un consultorio, una pileta y varios vehículos inscriptos a nombre de su expareja. (Imagen de archivo)

En su presentación, estimó que le correspondía el 50% del valor de una construcción destinada a consultorio, una pileta, una camioneta, dos automóviles, una motocicleta, un vehículo de colección, electrodomésticos y reformas en el inmueble. La liquidación incluida en la demanda alcanzaba los $23,5 millones, aunque en el inicio del expediente había consignado un monto menor, de $21,5 millones.

La mujer explicó que no tenía comprobantes sobre cada gasto o inversión porque, según expuso, los aportes dentro de una convivencia suelen realizarse sin registros formales. También afirmó que la documentación de los bienes estaba en poder de su expareja. Su planteo se basó en que los aportes de ambos integrantes de la pareja debían ser considerados en partes iguales.

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El demandado —de 55 años— negó que existiera una unión convivencial formalmente inscripta y sostuvo que el certificado acompañado había tenido como objetivo incluir a la mujer en su cobertura de salud. De todos modos, durante el proceso quedó acreditado que existió una convivencia estable entre septiembre de 2007 y febrero de 2023, de la cual nació un hijo en 2011.

La mujer justificó la ausencia de comprobantes en la falta de registros formales que caracteriza a los gastos de convivencia. (Imagen de archivo: Adobe Stock)

La defensa afirmó que los bienes cuestionados habían sido adquiridos con ingresos propios, obtenidos por su trabajo regular y por remuneraciones percibidas en actividades en el exterior. Aportó documentación sobre viajes, pagos, remesas enviadas al hogar y antecedentes de compra de los vehículos y de la pileta.

También sostuvo que la demandante había comenzado la relación como estudiante y que él había financiado sus estudios universitarios hasta su graduación en 2018. Señaló que ella no tenía ingresos demostrables durante gran parte de la convivencia y que, cuando comenzó a trabajar, sus recursos se destinaron a gastos personales y familiares cotidianos. Añadió que la mujer continuaba en la vivienda familiar junto al hijo y que él cumplía con una cuota alimentaria acordada.

El juez de primera instancia consideró que la convivencia no genera, por sí sola, una división automática de los bienes como ocurre en ciertos regímenes matrimoniales. Explicó que, si no existe un pacto previo entre convivientes, cada bien permanece en el patrimonio de la persona a cuyo nombre fue adquirido o registrado. Para apartarse de esa regla, quien reclama debe probar un aporte concreto o que hubo un enriquecimiento injustificado de la otra parte.

El demandado acreditó que adquirió los bienes con fondos propios procedentes de su empleo y de labores en el exterior. (Imagen de archivo: Getty Images)

La sentencia de noviembre de 2025 valoró que la mujer se ocupó principalmente de las tareas domésticas y del cuidado del hijo, una circunstancia que debía examinarse con perspectiva de género. El juzgado también reconoció que ese trabajo no remunerado tiene valor económico. Sin embargo, entendió que ese reconocimiento no bastaba para otorgarle la mitad de los bienes reclamados si no se acreditaba que había efectuado aportes específicos para su compra o construcción.

Sobre el consultorio, el juzgado tuvo por probado que fue construido alrededor de 2015 y que la demandante trabajó allí luego de obtener su título profesional. Sin embargo, entendió que los testimonios sobre una actividad previa como esteticista no alcanzaban para demostrar que hubiera destinado dinero a la obra. La falta de habilitación municipal y de otros elementos respaldatorios también fue considerada al analizar ese punto.

En cuanto a la pileta, el fallo de primera instancia señaló que el demandado había presentado un recibo de compra e instalación a su nombre, fechado en 2014. Aunque hubo cuestionamientos sobre esa documentación, el juzgado consideró que coincidía con las características de la estructura relevada por la pericia arquitectónica. La reclamante, en cambio, no presentó elementos que permitieran determinar cuál había sido su aporte económico para esa mejora.

La justicia determinó que la convivencia no produce la división automática de los bienes en ausencia de un pacto previo. (Imagen de archivo: Getty Images)

Los dos vehículos que estaban inscriptos a nombre de la mujer quedaron fuera del reclamo. El juez destacó que, aunque el demandado sostuvo que los había pagado con fondos propios, no había iniciado una acción para recuperar su titularidad. Por ese motivo, mantuvo esos automóviles dentro del patrimonio de la demandante y consideró que su inscripción podía relacionarse con el valor de su trabajo doméstico durante los años de convivencia.

La mujer apeló la decisión y sostuvo que el juzgado había interpretado de forma errónea su pretensión. Afirmó que no buscaba dividir bienes como si hubiera existido un matrimonio, sino obtener una compensación económica por el deterioro de su situación luego de la ruptura. También cuestionó que se hubiera minimizado su actividad laboral, sus ingresos y su participación en las mejoras de la vivienda y en la adquisición de vehículos.

La Sala I de la Cámara rechazó esos argumentos. Señaló que la demanda original había sido formulada como un reclamo del 50% del valor de determinados bienes y que incluso comparaba la situación con una sociedad conyugal. Los jueces remarcaron que la apelación no podía modificar el objeto del juicio para transformarlo en un pedido de compensación económica, porque esa cuestión debía haber sido planteada con claridad desde el inicio.

La Cámara desestimó transformar el reclamo en una compensación económica porque esa figura no formó parte de la demanda inicial. (Imagen de archivo: Getty Images)

El tribunal también concluyó que las declaraciones testimoniales demostraban que la mujer había realizado tareas de cuidado y que trabajó en el consultorio, pero no permitían establecer aportes precisos para la compra de la camioneta, la motocicleta, el vehículo de colección, la pileta o la construcción. La Cámara consideró que la documentación sobre los ingresos y compras del demandado, sumada a la falta de comprobantes de aportes propios, impedía reconocerle una participación sobre esos bienes.

La resolución de segunda instancia confirmó en todos sus puntos el fallo dictado el 13 de noviembre de 2025. Además, impuso las costas de la apelación a la demandante. El tratamiento de las apelaciones sobre los honorarios profesionales quedó pendiente hasta que los peritos sean notificados de la sentencia.

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