Confirmaron la condena de cuatro aduaneros que facilitaban el contrabando en el puente que une Misiones con Paraguay

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a cuatro agentes de la Dirección General de Aduanas que habían sido sentenciados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, a partir de su participación en una organización delictiva que facilitaba el contrabando en el paso fronterizo que une la provincia de Misiones con Paraguay.

El fallo lleva las firmas de los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar.

Los magistrados validaron el fallo de primera instancia que consideró probado el funcionamiento de una estructura estable entre abril de 2016 y octubre de 2017. Según la resolución judicial, el grupo coordinó maniobras ilícitas para permitir el ingreso de mercaderías extranjeras sin el correspondiente aval aduanero. A cambio de estas omisiones de control, los aduaneros recibieron coimas de parte de contrabandistas conocidos localmente como “paseros”.

Fútbol y contrabando

La sentencia ratificada impuso diferentes sanciones según el nivel de responsabilidad de cada involucrado. Bernardino Castor Esquivel recibió la pena más alta, fijada en seis años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo consideró miembro de la asociación ilícita y coautor de cohecho pasivo. Para mensurar su castigo, los jueces ponderaron su jerarquía como jefe de turno, su sólida capacitación y el deber de supervisión que traicionó.

Por su parte, Francisco Antonio Llorente, quien también se desempeñaba como jefe de turno, resultó condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua bajo la misma calificación legal. En tanto, el agente Orlando Ariel Alfonso recibió una pena única de cinco años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho y coautoría de contrabando de importación agravado por su condición de funcionario aduanero.

Finalmente, Lorenzo René Juárez, quien actuaba como guarda en los carriles de control, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua. Su defensa cuestionó la severidad de la inhabilitación absoluta frente a una pena de prisión en suspenso. Sin embargo, Casación aclaró que dicha sanción no es discrecional del tribunal, sino una consecuencia directa que el Código Penal impone para el delito de cohecho.

La investigación penal expuso la metodología utilizada por la organización para eludir las fiscalizaciones. Las pruebas fundamentales surgieron de intervenciones telefónicas y del análisis de celulares secuestrados en diversos operativos. En las comunicaciones interceptadas, los involucrados emplearon un lenguaje encriptado con terminología futbolística para coordinar el contrabando.

Los guardas de los carriles y los contrabandistas se referían a sí mismos como “jugadores”, mientras que los jefes de turno actuaban como coordinadores o “directores técnicos”. Para que la maniobra tuviera éxito, resultó indispensable que coincidieran en el mismo turno de guardia al menos dos miembros de la banda: un guarda permeable en el carril de ingreso y un jefe de turno que facilitara la ubicación del personal y omitiera la supervisión obligatoria.

Los contrabandistas recibían información precisa sobre qué carril se encontraba activo para dirigirse allí. En los mensajes recuperados, los aduaneros advertían a sus cómplices que evitaran “hacer caravana” o acumular demasiados vehículos seguidos para no despertar sospechas en otros agentes ajenos a la maniobra. Asimismo, se detectó un grupo de la aplicación WhatsApp denominado “paseritas jijiji”, donde los comerciantes informales compartían datos en tiempo real sobre el estado del puente y los carriles liberados.

El caso que delató a la banda

El hecho concreto de contrabando que involucró directamente a Orlando Ariel Alfonso ocurrió el 13 de agosto de 2017. Aquel día, el agente prestaba servicios como guarda en el carril número tres del viaducto internacional. Las filmaciones de las cámaras de seguridad registraron el momento en que Alfonso se acercó a la ventanilla de un automóvil Fiat Palio Adventure con vidrios polarizados, conversó brevemente con el conductor y le permitió continuar la marcha sin realizar ninguna inspección.

Pocos minutos después, una patrulla de la Gendarmería Nacional detuvo el rodado en un control de rutina sobre la avenida Costanera de Posadas. Al bajar la ventanilla, los uniformados observaron que el asiento trasero y el baúl estaban repletos de cajas que llegaban hasta el techo. El cargamento consistía en 390 luces led de origen extranjero sin aval aduanero. El conductor, Miguel Ángel Jara, resultó detenido. Evitó el juicio oral al firmar un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó una condena de tres años de prisión condicional.

Las defensas de los aduaneros articularon numerosos planteos de nulidad para intentar voltear la causa. Cuestionaron la legalidad de las escuchas telefónicas iniciales, la cadena de custodia de los discos compactos grabados, la acumulación de expedientes conexos y la imparcialidad del presidente del tribunal de Posadas, Enrique Bosch.

Respecto a las intervenciones telefónicas, Casación determinó que la orden judicial de octubre de 2016 estuvo debidamente fundada en indicios objetivos aportados por una denuncia del entonces administrador de la Aduana. Asimismo, los jueces descartaron irregularidades en las desgrabaciones, señalando que las defensas tuvieron acceso constante a los soportes originales y pudieron solicitar su reproducción durante el debate.

Finalmente, el tribunal desestimó el cuestionamiento sobre la imparcialidad del juez Bosch. La defensa de Esquivel denunció que el magistrado es padre de un abogado que se desempeña en la Dirección General de Aduanas, organismo que actuó como querellante. Los camaristas concluyeron que el planteo consistió en una afirmación dogmática, ya que no se demostró ninguna intervención concreta del hijo del juez en este expediente ni una influencia real sobre la decisión del magistrado.

Con esta resolución, la justicia federal ratificó el desmantelamiento de la red de corrupción aduanera y dispuso que la determinación económica de la reparación del daño al Estado se realice por vía incidental.