El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, rechazó incorporar a Lázaro Báez y a su pareja Claudia Insaurralde al régimen penitenciario para personas privadas de la libertad de alto riesgo.
La medida había sido solicitada por el fiscal federal de la Unidad Fiscal Río Gallegos (UFI), Julio Zárate, que impulsa la investigación por su supuesta intervención en una red de narcotráfico y lavado de activos.
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El rechazo al régimen de alto riesgo implica que Báez e Insaurralde no serán incluidos, por ahora, al Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo, destinado para los presos que tienen presuntos vínculos con organizaciones criminales complejas.
La defensa de Báez había cuestionado la eventual integración de su representado a ese sistema y calificó la medida solicitada como excesiva y desproporcionada. Los abogados de Insaurralde también se opusieron y plantearon cuestiones de arraigo, salud y situación familiar.
De este modo, quedó ratificada la prisión preventiva durante 180 días, con prohibición para mantener reuniones, recibir visitas o comunicarse, de manera directa o a través de terceros, con otras personas vinculadas a las maniobras investigadas.
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Además de Báez e Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez, Fausto Ignacio Devetac, Jorge Manuel Ulloa, Jorge Elías Agustín Agüero y Oscar Raúl Núñez quedaron bajo prisión preventiva por el mismo plazo y con restricciones de contacto con personas vinculadas al caso.
En cambio, Valentina Micaela Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid y Diego Ernesto Navarro deberán cumplir reglas de conducta, presentarse periódicamente ante la Justicia, no salir del país y evitar cualquier comunicación con los demás involucrados.
Lázaro Báez está imputado como presunto jefe de una estructura que habría seguido administrando, desde la cárcel, bienes y fondos alcanzados por embargos, decomisos u otras restricciones judiciales.
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La pesquisa apunta a determinar si impartía instrucciones sobre propiedades, alquileres, estancias y otros activos para mantenerlos en funcionamiento y canalizar sus ingresos.
En este esquema, Claudia Insaurralde aparece señalada como una de las personas que habría ejecutado las directivas de Báez, con intervención en la administración de propiedades, rentas y movimientos económicos.
La causa fue declarada compleja
Dentro del sistema acusatorio que rige en Río Gallegos, el juez estableció que la investigación penal preparatoria podrá extenderse hasta dos años desde la formalización, debido a la complejidad del expediente.
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La decisión se basa en que la pesquisa atraviesa la etapa inicial y todavía existen medidas de prueba pendientes cuya cantidad y duración no pueden establecerse con precisión.
El juez también prorrogó las órdenes de allanamiento en los establecimientos rurales alcanzados por la causa, que sumó 27 procedimientos en Santa Cruz y Buenos Aires. La continuidad fue habilitada para terminar el relevamiento, conteo e identificación de las cabezas de ganado existentes en los predios.
La resolución prevé pedidos de información societaria a organismos y registros públicos. A la vez, la fiscalía deberá presentar en 30 días un inventario detallado de los bienes y elementos incautados durante los operativos.
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A todo esto, el plazo de dos años no quedó fijado de manera inamovible. El magistrado advirtió a las defensas que podrán solicitar una revisión si detectan una inactividad injustificada del Ministerio Público Fiscal.
La Justicia ordenó remitir copias de la resolución a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N.º 2, N.º 4 y N.º 5 de la Capital Federal, donde tramitan otros expedientes contra Lázaro Báez, por las causas Ruta del Dinero K, Vialidad y Los Sauces-Hotesur. La medida busca informar las cautelares patrimoniales y las medidas de coerción personal dispuestas, para facilitar la coordinación entre los órganos judiciales.
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