La pandemia los agarró en Cancún y solo pudieron regresar 52 días después: le ganaron el juicio a la aerolínea

La Justicia federal condenó a una aerolínea internacional a indemnizar a dos pasajeros que quedaron varados en Cancún durante 52 días al inicio de la pandemia de COVID-19, luego de que se cancelara el tramo de regreso que tenían contratado hacia Buenos Aires. El fallo de primera instancia ordenó el pago de $716.718,20 más intereses y costas, al considerar que la empresa no acreditó haber ofrecido una solución eficaz para que pudieran volver al país.

La sentencia, dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 7, estableció que la compañía deberá responder por el valor del tramo aéreo que no prestó, los nuevos pasajes que los viajeros compraron para regresar, los gastos de alojamiento, comida y traslado durante la espera y el daño moral. El monto fijado podrá ser revisado en la etapa de ejecución en función de los límites previstos en el Convenio de Montreal para el transporte aéreo internacional.

Los demandantes —de 31 y 34 años de edad actualmente— habían adquirido en julio de 2019 dos boletos de ida y vuelta desde Buenos Aires a Cancún, con escala en Ciudad de México. Partieron el 15 de marzo de 2020, cuando la crisis sanitaria comenzaba a derivar en restricciones de vuelos y cierres de fronteras en distintos países. El regreso estaba previsto para el 27 de marzo de ese año.

Según relataron en la demanda, la aerolínea les comunicó por correo electrónico que el vuelo de vuelta había sido cancelado. La resolución señaló que la empresa dejó sin efecto el tramo de regreso el 16 de marzo, aunque los pasajeros sostuvieron que recibieron la notificación el 24 de ese mes. A partir de entonces, afirmaron que buscaron respuestas por teléfono y mensajería, sin obtener una alternativa concreta para retornar.

Los viajeros reclamaron que la compañía los reubicara en otra línea aérea o que devolviera el dinero del vuelo cancelado. También pidieron que les permitiera viajar con una empresa nacional que pertenecía a la misma alianza comercial. De acuerdo con la presentación judicial, ninguna de esas opciones se concretó y tampoco recibieron asistencia para cubrir su estadía en México.

Ante la falta de una solución, los demandantes permanecieron en Cancún hasta el 18 de mayo de 2020. Durante ese período, afrontaron gastos de hospedaje, alimentos y transporte. Finalmente, adquirieron con una tarjeta de crédito prestada dos nuevos pasajes en otra compañía para regresar a la Argentina, luego de casi dos meses fuera del país.

La empresa demandada rechazó que hubiera incumplido el contrato. Argumentó que la pandemia y las disposiciones dictadas por el Estado argentino habían impedido la operación de vuelos internacionales. También sostuvo que los pasajeros habían viajado el 15 de marzo de 2020 con conocimiento de que podían producirse nuevas restricciones por la expansión del coronavirus.

La defensa afirmó que las autoridades argentinas habían limitado la actividad aeronáutica y que, en ese contexto, la compañía no podía operar libremente. Planteó que se trató de un caso de fuerza mayor y de decisiones estatales ajenas a su control. Además, sostuvo que había notificado las cancelaciones y ofrecido protecciones a los pasajeros.

El juzgado analizó las normas dictadas entre marzo y mayo de 2020, cuando comenzaron las restricciones de ingreso al país. El magistrado señaló que, entre la salida de los pasajeros y la fecha prevista para su regreso, no existía una prohibición legal específica que impidiera el retorno de argentinos residentes desde México.

La resolución remarcó que la restricción de ingreso para argentinos residentes comenzó a regir el 27 de marzo de 2020, el mismo día previsto para el vuelo de regreso. Aun así, el tribunal consideró que la aerolínea debía demostrar que había adoptado todas las medidas razonables para reducir el perjuicio causado por la cancelación.

El juez sostuvo que no alcanzaba con invocar la pandemia como una causa automática para quedar liberada de responsabilidad. Explicó que la cuestión no consistía en exigirle a la empresa que evitara la emergencia sanitaria, sino en determinar si hizo lo posible para impedir o limitar los daños que esa situación provocó en los pasajeros.

En ese punto, la sentencia destacó que no hubo prueba de que la demandada hubiera ofrecido vuelos alternativos desde el momento en que canceló el viaje. También valoró información remitida por la Administración Nacional de Aviación Civil, según la cual la compañía realizó el 29 de abril de 2020 un vuelo desde México hacia Buenos Aires.

Para el juzgado, ese antecedente permitió concluir que la empresa tenía posibilidades de gestionar alternativas de traslado, al menos en determinadas circunstancias. La decisión también mencionó que numerosas líneas aéreas obtuvieron autorizaciones para ingresar a la Argentina entre el 18 de marzo y el 31 de mayo de 2020.

El fallo cuestionó además la prueba aportada por la aerolínea sobre el historial de la reserva. La compañía había presentado documentos de su sistema interno, pero una pericia informática indicó que ese sistema almacenaba datos por solo 12 meses. El juez observó que esa explicación resultaba contradictoria con la documentación que la empresa había acompañado al responder la demanda.

La indemnización incluye $30.173 por el tramo de regreso que no fue utilizado, $106.545,20 por los dos nuevos pasajes comprados para volver a Buenos Aires, $380.000 por alojamiento, transporte y alimentación, y $200.000 por daño moral. Los intereses correrán desde el 27 de marzo de 2020 para la mayor parte de los rubros y desde el 9 de mayo de ese año para los nuevos boletos.

El tribunal rechazó, en cambio, los pedidos de daño directo y daño punitivo. Sobre este último punto, explicó que el Convenio de Montreal excluye las indemnizaciones de carácter sancionatorio en controversias vinculadas con el transporte aéreo internacional. La empresa deberá pagar dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme.