Lázaro Báez permanece detenido desde el 5 de abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza, aunque por algún tiempo estuvo bajo la modalidad de arresto domiciliario. En ese momento, el juez federal Sebastián Casanello ordenó su detención en el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero K, que investigó maniobras de lavado de activos.
A más de diez años de aquella decisión, el empresario, señalado en distintas investigaciones por sus vínculos comerciales con la familia Kirchner, acumula una pena unificada de 15 años de prisión y varias causas por lavado de activos y administración fraudulenta.
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Entre los expedientes más relevantes, además de Ruta del Dinero K, que investigó maniobras de blanqueo de fondos de Austral Construcciones a través de operaciones financieras, también figuran el caso Vialidad, relacionado con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz; El Entrevero, por operaciones de lavado ligadas a la compra de una estancia en Uruguay; y Hotesur-Los Sauces y M&P, aún en trámite por presuntas maniobras de lavado de dinero.
Ruta del Dinero K y Vialidad
La causa investigó una estructura de sociedades y operaciones financieras que, según la Justicia, permitió ingresar al circuito formal fondos de origen ilícito vinculados al grupo empresario de Lázaro Báez. El expediente incluyó bienes, vehículos, maquinaria, inmuebles y cuentas radicadas en el exterior.
La ejecución de decomisos continúa. Incluye activos ubicados en la Argentina y fuera del país, entre ellos inmuebles, vehículos, aeronaves, maquinaria, participaciones societarias y fondos depositados en cuentas de Suiza y Bahamas. Según las últimas resoluciones judiciales, los bienes decomisados en la causa superan los USD 60 millones.
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El caso Vialidad examinó la adjudicación y ejecución de obras viales nacionales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, con contratos otorgados a firmas del Grupo Austral. Báez fue juzgado junto con otros funcionarios y empresarios por la administración de esos fondos públicos.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de 84 inmuebles atribuidos a Báez, además de bienes registrados a nombre de empresas de su grupo, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. La medida forma parte de la ejecución patrimonial dispuesta para cubrir una reparación de $ 684.990 millones por el perjuicio económico establecido en la sentencia.
En este juicio, el empresario recibió una condena firme de seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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En mayo de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena de Lázaro Báez a 10 años de prisión por lavado de activos agravado en la causa Ruta del Dinero K. Dos meses después, en julio, el Tribunal Oral Federal 4 unificó esa pena con la condena de Vialidad y fijó una pena única de 15 años de prisión.
Hotesur-Los Sauces
Las dos causas investigan operaciones inmobiliarias y hoteleras vinculadas a la familia Kirchner. La hipótesis acusatoria sostiene que empresas de Báez y del Grupo Indalo efectuaron pagos por alquileres de inmuebles y contrataciones hoteleras que habrían permitido canalizar fondos de origen ilícito.
El juicio oral unificado comenzó el 23 de octubre pasado ante el Tribunal Oral Federal 5. Báez está imputado, junto con otros acusados, por delitos que incluyen asociación ilícita y lavado de activos. La defensa sostiene que las operaciones cuestionadas correspondieron a vínculos comerciales legítimos.
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El Entrevero y M&P
Es un desprendimiento de Ruta del Dinero K, centrado en operaciones de lavado relacionadas con la compra de la estancia El Entrevero, en Uruguay, y otros bienes. La investigación examinó el origen de los fondos utilizados y las sociedades intervinientes en las transacciones.
El TOF 4 condenó a Báez a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de activos. Casación confirmó la sentencia en octubre de 2025 y, en abril de 2026, declaró inadmisible el recurso extraordinario de la defensa. La eventual incorporación de esa pena a la condena única de 15 años deberá resolverse en la etapa de ejecución.
La causa M&P también surgió como un desprendimiento de la investigación por Ruta del Dinero K. En este sumario se analizan presuntas maniobras de lavado a través de la inyección de fondos de empresas presuntamente ficticias en Austral Construcciones. El Tribunal Oral Federal 4 prevé realizar el debate oral durante 2027.
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Los intentos por morigerar su detención
Desde su detención en 2016, Lázaro Báez presentó distintos planteos para recuperar la libertad o cumplir la detención fuera de una cárcel. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó un pedido de excarcelación y otro de arresto domiciliario en la causa Ruta del Dinero K.
Durante la pandemia, su defensa volvió a solicitar la excarcelación por sus problemas de salud y su condición de paciente de riesgo, pero Casación mantuvo el rechazo, aunque ordenó tramitar por separado el pedido de prisión domiciliaria.
Los rechazos más recientes se concentraron en el pedido para cumplir la condena en su domicilio por razones de salud, edad y situación familiar. La defensa alegó que Báez, de 70 años, padece hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y antecedentes de una lesión intestinal premaligna, además de la enfermedad de su pareja y el cuidado de sus hijos menores.
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Desde hace algunas semanas, Lázaro Báez cuenta con un nuevo abogado defensor, el doctor Cristian Pérez. El letrado comenzó a diseñar nuevas estrategias procesales con el objetivo de plantear una eventual morigeración de las condiciones de detención del empresario, mientras revisa unos 17 legajos e incidentes acumulados en los distintos expedientes.
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