El Poder Judicial proyectó 614 cargos para habilitar nuevos tribunales y dependencias en todo el país

El Poder Judicial de la Nación tiene proyectado para el próximo año una partida de $4.475 millones destinada a cubrir 614 cargos en tribunales y dependencias creados por ley que todavía están pendientes de habilitación. El listado, en rigor, incluye nuevos juzgados federales, oficinas judiciales vinculadas con la implementación del sistema acusatorio y estructuras en distintas provincias del país.

La información surge de la Acordada 22/2026 de la Corte Suprema, firmada recientemente por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. A través de esa resolución, el máximo tribunal remitió al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos del Poder Judicial para 2027 e incorporó el anteproyecto elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante la Resolución 154/2026.

La Corte fijó además su propio presupuesto para el próximo ejercicio en $495.049 millones, con una planta de 4.732 cargos, y remitió por separado las previsiones correspondientes al Consejo de la Magistratura para el resto del Poder Judicial.

Dentro de ese segundo presupuesto, los gastos en personal ascienden a unos $2,69 billones. De ese total, $4.475.583.638 corresponden al apartado “Tribunales creados por ley”, que reúne estructuras cuya creación ya fue aprobada normativamente pero que todavía requieren personal para comenzar a funcionar.

Los 614 cargos comprenden jueces, secretarios, prosecretarios, jefes de despacho, oficiales, escribientes y otros empleados judiciales.

Uno de los bloques corresponde al fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe, para el que se contemplan 14 cargos de magistrados: seis jueces de Cámara y ocho jueces de primera instancia.

También se incluyen distintas oficinas judiciales vinculadas con el sistema acusatorio, que tienen a su cargo tareas administrativas, organización de audiencias, logística y gestión de los casos. Uno de esos conjuntos prevé 96 cargos para estructuras que prestarán servicios ante la Cámara Federal de Apelaciones, el tribunal federal de juicio y los juzgados federales de garantías de Paraná, Posadas, Tucumán, Córdoba, San Martín y La Plata, entre otras jurisdicciones.

En esas dependencias se presupuestaron puestos de secretarios de juzgado con funciones específicas de administración y logística, atención al público y gestión de casos, además de prosecretarios administrativos, jefes de despacho, oficiales, escribientes y personal de apoyo.

El proyecto también incorpora estructuras para la Justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires. Para las oficinas judiciales ante los juzgados nacionales de garantías se contemplan 80 cargos. A su vez, aparecen dotaciones destinadas a los tribunales nacionales de juicio, los juzgados de garantías de adolescentes y los juzgados nacionales de ejecución.

Otro bloque corresponde al fuero de Relaciones de Consumo, creado por ley pero todavía pendiente de una puesta en funcionamiento integral. El presupuesto prevé 28 cargos para un tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo y otros 80 puestos para ocho juzgados nacionales de primera instancia.

Nuevos juzgados en las provincias

La planificación contempla además personal para tribunales federales creados en distintos puntos del país. El Juzgado Federal de Libertador General San Martín, en Jujuy, tiene previstos 20 cargos, entre ellos un juez de primera instancia, secretarios, prosecretarios y empleados.

Para el Juzgado Federal de General Pico, La Pampa, se proyectaron 17 puestos; para el Juzgado Federal N° 3 de Clorinda, Formosa, otros 22; y para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, 16.

A ese conjunto se suman 16 cargos para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata y 24 para la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz. En este último caso, la estructura prevista incluye tres jueces de Cámara y cuatro secretarios, además de funcionarios y empleados.

El anexo incorpora asimismo dependencias que no funcionan como tribunales tradicionales. Entre ellas aparece la Policía Judicial, para la que se presupuestaron 54 cargos, entre ellos un subdirector general y personal destinado a tareas de investigación judicial.

También figura la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a la Víctima, con siete puestos, entre ellos cargos profesionales de abogado, asistente social y psicólogo. A ello se agregan estructuras vinculadas con ejecución penal, informática y archivo.

El documento diferencia expresamente estos 614 cargos de “tribunales creados por ley - a habilitar” de otros 541 puestos correspondientes a órganos que también fueron creados normativamente, pero que ya se encuentran “en proceso de ocupación”.

En tanto, el presupuesto remitido por la Corte será incorporado por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que luego será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento. La discusión comenzará en la Cámara de Diputados y, si obtiene media sanción, continuará en el Senado.