Uno de los querellantes apartados de la causa por el escándalo de la fallida criptomoneda $LIBRA reclamó a la Cámara Federal porteña que lo restituya en la investigación y revoque esa decisión que tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Se trata del inversor en la criptomoneda Martín Romeo, patrocinado por su abogado Nicolás Ozsust, quien en un memorial entregado al Tribunal de Apelaciones sostuvo que $LIBRA fue una “estafa” planeada con maniobras de “calidad simulada e insider trading”.
“Maniobra fraudulenta”
En el escrito presentado al Tribunal de Apelaciones advirtió que la decisión de sacar a las querellas de la investigación judicial omitió analizar prueba y redujo el caso “a una cuestión de riesgo propio de los mercados, cuando existen elementos objetivos que demuestran una maniobra fraudulenta”.
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Las apelaciones son analizadas por la sala I del Tribunal de Apelaciones que fijó para el próximo lunes una audiencia, luego de la cual quedará en condiciones de resolver. Los afectados podrán presentar escritos o exponer de manera oral en Comodoro Py 2002, aunque hasta el momento no se recibieron pedidos para esto último, explicaron a Infobae fuentes del caso.
La querella de Romeo ya optó por argumentar de manera escrita. “No se trató de una fluctuación normal; hubo un ‘rug pull’ planificado, ejecutado mediante bots que realizaron operaciones segundos antes de la difusión de información privilegiada”, agregó en ese texto que será evaluado por los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Milei y la “confianza artificial”
Según el recurso, “74 billeteras, controladas por bots que respondían a los imputados, realizaron compras masivas segundos antes de un tuit presidencial, lo que disparó la demanda artificialmente y permitió extraer 44,5 millones de dólares”. La querella sostiene que la maniobra incluyó tráfico de influencias, infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la utilización de la figura del presidente Javier Milei para generar “confianza artificial”.
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Para la querella desplazada, el juez de primera instancia “desconoció las actas notariales y la documentación aportada, que acreditan la titularidad de las billeteras” desde las que se hicieron las operaciones. Por otro lado, la exigencia de demostrar el origen de los fondos que reclamó el juzgado “no se encuentra prevista en el Código Procesal Penal para delitos contra la propiedad y representa una barrera artificial para el acceso a la justicia”.
El juez de primera instancia apartó a cinco querellas a pedido del acusado Mauricio Novelli porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens. De esta forma hizo lugar a un recurso llamado “excepción de falta de acción” que presentó la defensa del lobista y apartó a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Romeo.
La controversia que ahora llegó a la Cámara se originó a partir de esa presentación de Novelli, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.
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La fallida $LIBRA
Al apartar a las querellas, el juez argumentó que fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.
En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un supuesto pago por u$s 5 millones hecho por Davis.
Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.
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Ese rol permitía el acceso al expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente participar en un futuro juicio oral. En la actualidad la investigación está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.