Causa Cuadernos: de cubrirse de la inflación al asado para los obreros, qué dicen las defensas sobre el destino de miles de dólares

Miles de dólares y pesos en efectivo retirados de bancos y financieras, además del uso de facturas apócrifas. Esos fueron algunos de los hallazgos que los testigos de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, pusieron sobre la mesa del Tribunal Oral Federal 7 desde mediados de junio. Todos declararon bajo juramento de verdad en el juicio por los “cuadernos de la corrupción” que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados.

Durante semanas, contadores, abogados y exfuncionarios del organismo recaudador ratificaron el contenido de informes que hasta entonces permanecieron resguardados por el secreto fiscal y que dieron cuenta de coincidencias entre extracciones millonarias en efectivo y fechas de presuntos pagos de sobornos a funcionarios del kirchnerismo a cambio de obra pública.

Las defensas respondieron con una batería de preguntas vinculadas al uso que se le pudo haber dado a ese dinero como parte de la rutina de operación de las empresas, con hipótesis muy alejadas del pago de coimas: desde atesoramiento en dólares para resguardarse de la inflación hasta pago de asados de los obreros.

El martes próximo el juicio iniciará una nueva etapa con la declaración como testigo, entre otros convocados, de Javier Iguacel, extitular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.

Al asumir en ese cargo, Iguacel denunció las irregularidades en la obra pública en Santa Cruz que derivaron en la primera condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. En ese proceso fue absuelta del cargo de asociación ilícita. Ahora, en el caso Cuadernos, es juzgada otra vez por ese delito —como supuesta jefa— y por cohecho.

Dólares cash, fechas clave y facturas dudosas

El debate oral avanzó esta semana con la última tanda de testigos vinculados al organismo recaudador. El último jueves, la contadora Gladys Marcellini ratificó que uniones transitorias de empresas que integraba IECSA, la firma del empresario Angelo Calcaterra, realizaron dos compras de dólares retirados por caja en efectivo: una por 3 millones de la moneda estadounidense en 2008 y otra por 600.000 en 2009. Ambas operaciones fueron consideradas sospechosas e informadas al juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio, que instruía el caso.

La operación por 3 millones resultó especialmente llamativa. Según el informe de la ex AFIP exhibido en la audiencia, la UTE cobró un anticipo de obra por parte de la Dirección Nacional de Vialidad el 29 de octubre de 2008 y, en simultáneo, adquirió esos dólares en efectivo en la casa de cambio Transcambio. El monto equivalía en pesos, al tipo de cambio de ese momento, al 10 por ciento del monto total de la obra. Ese porcentaje coincide, según declaraciones de arrepentidos en la causa, con el que se habría pagado de manera habitual como coima durante el kirchnerismo.

Semanas antes, otra testigo del organismo recaudador, María Marta Criscuolo, precisó que los fondos fueron retirados por Santiago Altieri, en representación de IECSA, y por Jorge Benolol, por la empresa JCR. El rastro se cortó allí.

Del asado al atesoramiento

Esa limitación para seguir el rastro del efectivo fue el argumento central de las defensas de los empresarios juzgados a lo largo de toda esta etapa del debate. Los abogados reiteraron a cada testigo las mismas preguntas: ¿no pudieron esos millones haber sido usados para atesoramiento?; ¿para cubrirse de la inflación?; ¿para transferir fondos a cuentas en el exterior?; ¿para gastos operativos, viáticos o hasta para pagar un asado a los obreros? Un letrado incluso ironizó con la compra de caramelos. “¿Pudo haberse destinado para comprar caramelos, para tenerlo en su casa, para un millón de hipótesis?“, preguntó. La respuesta fue positiva.

La contadora María Eugenia Lanza, que declaró el 30 de junio, resumió la posición del organismo ante las insistencias de las defensas: “La trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla” del banco e insistió en que “todo tiene que estar bancarizado” y que cuando “la plata sale de una ventanilla y se pierde la trazabilidad, ahí se terminó”.

La metodología de trabajo del equipo de la ex AFIP fue descripta por varios testigos. La contadora Samanta Fagan, inspectora en La Plata en 2019 cuando fue asignada al caso, explicó que el punto de partida era la información aportada por el arrepentido financista Ernesto Clarens: “Venía una planilla donde se verificaba que tal empresa había entregado a Clarens una suma de dinero en una fecha determinada”. A partir de allí, los equipos contrastaban esos datos con los movimientos bancarios de las empresas con una ventana de tiempo de 30 días.

La abogada y ex jefa de Gabinete de la AFIP, Jimena De La Torre, actual consejera de la Magistratura de la Nación, recordó ante el tribunal que un oficio enviado desde el juzgado federal 11 en 2019 a cargo del fallecido Claudio Bonadio que pedía rastrear posibles fuentes de “financiamiento espurio” por parte de las empresas mencionadas por Clarens fue una novedad para el organismo: “Nunca nos habían pedido algo así”. Agregó que las respuestas al juzgado estaban encriptadas y amparadas en el secreto fiscal, por lo que ella misma nunca tuvo acceso a su contenido.

Las maniobras

Los testimonios pedidos por la fiscal de juicio Fabiana León revelaron un abanico de maniobras detectadas en distintas empresas. La inspectora Verónica Iglesias relató que en los controles a Isolux Corsán se encontró el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores sin capacidad operativa. El contador Carlos Stafforini explicó que otra de las firmas, Fainser, recurrió a proveedores apócrifos, uno de los cuales llegó a emitir facturas por cerca de 80 millones de pesos sin respaldo de servicios reales.

El testigo Jorge Tesolin describió la investigación sobre Vertúa Servicios: la firma recibió de la empresa pública Enarsa un anticipo equivalente a casi 5 millones de dólares para el Gasoducto del Nordeste Argentino, fondos cuyo destino no pudo acreditarse en su totalidad. “No se pudo determinar qué pasó con los dólares comprados con esos fondos de Enarsa”, declaró Tesolin.

Otros testimonios aportaron datos sobre distintas firmas. El contador Pedro Majul, de la dirección regional Córdoba de ARCA, detectó transferencias por 85.000 dólares a dos personas físicas, entre ellas Oscar Santarelli, ex director de Obras Públicas de Córdoba y actual intendente, que recibió 42.500 dólares. “No le encontramos explicación aparente”, dijo Majul. La testigo Ana Cecilia Palacio confirmó que el directivo de Decavial, Miguel Marcelino Aznar, retiró en efectivo 11.685.000 dólares entre 2009 y 2011.

La defensa de Aznar preguntó si la ex AFIP había revisado estados contables posteriores para determinar el destino de esos retiros. “Si no está en el informe no se hizo”, fue la respuesta ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. El abogado José Luis Giordano resumió el alcance del trabajo del organismo: “Nosotros no podemos saber dónde terminó el dinero. Nos concentramos en ver hasta dónde llegaba y si se perdía el rastro”.