El ex ministro de Economía Martín Guzmán declaró como testigo en la causa Nación Seguros y afirmó que acompañó el DNU 823/2021, que establecía la contratación obligatoria de pólizas a través de esa compañía, porque consideraba que “lo lógico era que el Estado se asegure consigo mismo”.
Guzmán se presentó ante el Juzgado Federal 11, actualmente a cargo de Ariel Lijo y con la intervención del fiscal Carlos Rívolo. Ambos deben volver a analizar la situación de Alberto Fernández, luego de que la Cámara de Casación revocó su procesamiento por falta de pruebas.
Durante su declaración, el ex funcionario señaló que la primera intervención de su cartera en la elaboración del decreto ocurrió casi dos meses antes de la publicación, en diciembre de 2021, “sin formular reparos al dictado de la medida más allá de sugerencias formales”.
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Precisó que la secretaria legal y administrativa de Economía, Rita Tanuz, revisó la medida antes de que llegara a su despacho para la firma. Aseguró que “nunca hubiera firmado un decreto si el proceso no se hubiera realizado de manera correcta”.
También explicó que el contexto económico de la Argentina impedía diversificar riesgos en el exterior, ya que el país no tenía acceso al mercado de crédito internacional. Añadió que el riesgo país y las primas asociadas a cualquier eventualidad eran tan elevadas que el costo de acceder a servicios financieros internacionales resultaba inviable.
La convocatoria de Guzmán como testigo fue solicitada por el expresidente Alberto Fernández para que describiera los supuestos beneficios de la medida.
La causa
En este expediente se investiga un presunto esquema de corrupción que habría operado mediante el direccionamiento en la contratación de pólizas gestionadas a través de Nación Seguros, destinadas a las dependencias del Estado Nacional.
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La hipótesis sostiene que el decreto 823/2021, firmado por Alberto Fernández, habría permitido que la compañía estatal designase de manera discrecional a intermediarios y a otras empresas privadas para que gestionen esos acuerdos.
En este contexto, están procesados el amigo del expresidente Héctor Martínez Sosa; su esposa María Cantero, que trabajó como ex secretaria privada María Cantero; y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
De acuerdo con las estimaciones judiciales, el grupo recibió comisiones por aproximadamente $2.200 millones, cifra que representa el 59,6% del total de comisiones pagadas a todos los intermediarios de pólizas emitidas a entes estatales entre 2019 y 2023.
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Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Alberto Fernández y dispuso la reapertura de la investigación para determinar si existe prueba suficiente que sustente las imputaciones.
A todo esto, el juez Lijo decidió aplazar la declaración como testigo de Santiago Cafiero ante una solicitud del fiscal Carlos Rívolo, quien consideró necesario analizar las posibles conexiones de Cafiero con la contratación de seguros durante su gestión en Cancillería.
Antes de que Cafiero preste declaración bajo juramento, el fiscal planteó la importancia de revisar estos antecedentes, ya que de lo contrario se le limitaría la posibilidad de planificar una estrategia de defensa adecuada.
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Recordemos que una asistente del despacho presidencial de Alberto Fernández, Ana Clara Hernández, dijo en sede judicial que María Cantero, “estaba muy preocupada porque a ‘Hecky’ (su esposo Héctor Martínez Sosa) le iban a sacar los seguros de Cancillería”.
De acuerdo a los chats incluidos en la causa, el 24 de mayo de 2023 María Cantero alertó a sus esposo sobre la preocupación ante la eventual pérdida de cuentas de seguros en Cancillería. Días después, el Ministerio de Relaciones Exteriores restituyó a Martínez Sosa como productor.