A un mes y medio de recuperar la libertad, Nahuel Gallo pidió convertirse en querellante en la causa argentina contra Nicolás Maduro por la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales en Venezuela.
Fue el propio gendarme quien lo confirmó a través de sus redes sociales: “Me presenté como querellante ante la justicia federal de mi país en la causa contra Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad”.
En su posteo en la plataforma X, precisó: “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga”.
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Finalizó con una advertencia: “No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”.
El secuestro de Nahuel Gallo
El Cabo Primero de la Gendarmería Nacional Argentina Nahuel Gallo estuvo privado de su libertad en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Lo detuvieron cuando llegó a ese país a encontrarse con su mujer y su hijo.
Nicolás Maduro lo acusó de espionaje y de planear el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En Caracas, el entonces fiscal general Tarek William Saab lo imputó por presunta actividad terrorista y acciones desestabilizadoras, alegando que su visita familiar era una fachada para un plan criminal.
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A pocos días de su detención ilegal, la Cancillería argentina denunció el secuestro de Gallo, y lo catalogaron como un preso político. Lo mantuvieron encerrado en la cárcel de El Rodeo I, uno de los centros de detención más peligrosos de Venezuela.
Cuando fue liberado el 2 de marzo regresó al país y se reincorporó a la fuerza. Durante los primeros días permaneció en el Edificio Centinela donde fue atendido por médicos y psicólogos debido al desgaste físico y mental sufrido durante su secuestro.
La causa argentina
El planteo de extradición de la justicia federal argentina con una orden de captura internacional para tomarle declaración indagatoria a Nicolás Maduro llegó a los Estados Unidos.
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El expediente fue abierto en el 2023 en virtud del principio de jurisdicción universal que permite la persecución subsidiaria de los crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países.
La opción de juzgar a dictadores de otros países está incluida en la Constitución a través de la adhesión a Tratados Internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 para los delitos cometidos en un conflicto armado internacional, la Convención de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006.
El juez Ramos inició el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros tras la irrupción de Estados Unidos en Caracas, que logró su arresto para ponerlo a disposición de los Tribunales de Nueva York.
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La justicia argentina valoró como prueba contra el dictador chavista el contenido de al menos 17 informes emitidos por diferentes organismos internacionales que describen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos y dificultad para acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en relación a esas graves violaciones a los derechos humanos.
Se trata de las investigaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras 50 organizaciones que defienden los derechos civiles.