Confirmaron el procesamiento del juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de “vender” fallos a cambio de coimas

La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento del juez federal Gastón Salmain y el escribano Santiago Busaniche en la causa “Atilla”, en la que se investiga si el magistrado firmó fallos para beneficiar a una financiera a cambio de una coima. El titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad es investigado en varios casos de corrupción y tiene un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura que podría derivar en su destitución. También tiene dictada la prisión preventiva, pero no perderá su libertad hasta tanto mantenga sus fueros.

A fines de 2023, Attila Fideicomisos SRL buscaba acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para adquirir diez millones de dólares a valor oficial, mientras había cepo y brecha cambiaria. Esto se logró a través de una medida cautelar dictada por el juez Salmain contra el Banco Central de la República Argentina.

Detrás de ese fideicomiso estaba el financista Fernando Whpei, hoy imputado “arrepentido” que confesó en múltiples casos de corrupción judiciales en los tribunales de Rosario.

Busaniche habría actuado como intermediario, ayudando a Whpei a reunirse con Salmain. El juez y el escribano, a cambio de destrabarle los 10 millones de dólares, le habrían solicitado al financista una coima del 10% de la diferencia cambiaria entre el oficial y el blue, una suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.

La operación ocurrió justo durante el cambio de gobierno, en diciembre de 2023, y se vio afectada por la devaluación que hizo el presidente Javier Milei, lo que pulverizó la brecha cambiaria.

Durante la investigación, Whpei brindó una declaración como “arrepentido” bajo la ley 27.304. En su testimonio, señaló que la maniobra para obtener los dólares era “irregular desde el principio” y que en ella habrían participado Salmain y Busaniche, detallando el rol de cada uno.

A raíz de esta declaración, el Ministerio Público Fiscal amplió la imputación, incluyendo los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato. Quienes están a cargo de la investigación son los fiscales Javier Arzubi Calvo y Federico Reynares Solari.

La defensa de Salmain argumentó que el procesamiento era nulo por “prematuro”, ya que se dictó mientras aún estaba pendiente la producción de pruebas de descargo. También advirtió indicios “indirectos y no corroborados”, y dijo que la declaración de Whpei contenía contradicciones.

Los abogados del juez negaron la existencia de un acuerdo previo o el cobro de coimas por parte de Salmain. Respecto al delito de prevaricato, indicaron que requiere una decisión contra la ley a sabiendas, lo que exige un “estándar probatorio particularmente alto”.

Por su parte, la defensa de Santiago Busaniche cuestionó en su apelación la validez del acuerdo de colaboración de Whpei, argumentando que la responsabilidad de Busaniche no era igual o mayor a la del financista, como exige la ley 27.304.

Esta parte calificó el procesamiento de “antojadizo, arbitrario, infundado, prematuro y manifiestamente contradictorio”, basándose únicamente en los dichos de Whpei, que consideraron “endebles” y contradictorios. Señalaron que no existían pruebas fehacientes que acreditaran la intervención de Busaniche en un pacto ilícito o un acuerdo de cohecho, ni un aporte funcional a los hechos.

El fallo de la Cámara

La Sala B de la Cámara, integrada por los jueces Anibal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Élida Vidal validó el acuerdo de colaboración con el “arrepentido” Whpei, ya que su testimonio, en el que refirió la existencia de un hecho delictivo del que habría participado y aportó datos, se vio corroborado por otros elementos de prueba autónomos, de acuerdo al criterio del Tribunal.

En la causa hay registros de impactos de antenas de teléfonos celulares que indican posibles encuentros entre Whpei, Salmain y Busaniche, así como una llamada entre Busaniche y Whpei al día siguiente del dictado de la medida cautelar, entre otras pruebas.

Los camaristas rechazaron el argumento de que el procesamiento fue “prematuro”, indicando que la eventual incorporación de nuevas pruebas podría sustentar una modificación de lo resuelto.

En cuanto a la prisión preventiva del juez Gastón Salmain, la Cámara dispuso que fuera cumplida en su domicilio con vigilancia electrónica, aunque se aclaró que esto no podría hacerse efectivo debido a la inmunidad de arresto que posee como magistrado. La prohibición de salida del país impuesta a ambos imputados también fue confirmada. Finalmente, el monto del embargo para cada uno de los procesados fue modificado y fijado en diez millones de pesos.