Mientras todos los flashes apuntaban a Claudio “Chiqui” Tapia por su indagatoria en la causa por retención indebida de aportes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el jueves de la semana pasada una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con el fin de anular una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) y destrabar así su mudanza a la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la Resolución 140, firmada el pasado 18 de febrero por el entonces inspector general Daniel Vítolo. El exfuncionario rechazó el pedido de la entidad para trasladar su domicilio legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la calle Mercedes 1366, en el partido bonaerense de Pilar, y dar de baja la inscripción vigente en el Registro Público a cargo del organismo nacional. La historia comenzó el 17 de octubre de 2024. Ese día, los directivos aprobaron la mudanza mediante una asamblea ordinaria. Menos de un mes después, el 15 de noviembre, las autoridades bonaerenses validaron el traslado. La Provincia inscribió a la institución bajo la matrícula 50275, mediante la Resolución 9000.
La apelación de la AFA lleva la firma del abogado Federico Helfer, socio del estudio que representa a la entidad en este expediente, y exige declarar la nulidad absoluta e insanable de la resolución. También acusa a la IGJ de actuar con una clara desviación de poder. El texto denuncia que el organismo "se arroga facultades que corresponden exclusiva y excluyentemente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, invadiendo así la esfera competencial de otro organismo público“.
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El escrito de 100 páginas, al que Infobae tuvo acceso, denuncia la existencia de múltiples vicios procesales. Según la apelación, los inspectores estatales constataron el nuevo domicilio institucional sin notificar a la parte interesada y ello habría impedido a los abogados controlar los informes oficiales a tiempo.
El acceso al expediente también motivó quejas. En el recurso, la AFA sostuvo que "para poder conocer su contenido esta parte debió esperar más de una semana y abonar la suma de $ 36.000 en concepto de copias" para acceder a datos que "ya habían sido filtrados y comentados en distintos medios“.
La apelación dedica un apartado extenso a cuestionar el “raid mediático” protagonizado por Vítolo. El documento enumera más de 20 entrevistas donde el ahora exfuncionario anticipó el rechazo al traslado semanas antes de la conclusión del trámite. La presentación destaca que el entonces inspector general calificó el cambio de jurisdicción como "una mudanza ficticia" y preanunció el resultado del expediente al afirmar en público: "Hoy, para la Inspección General de Justicia, la única jurisdicción es la Capital Federal y su sede social es la calle Viamonte. No caben dudas“.
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El escrito denuncia también presuntas irregularidades procesales, como expedientes físicos con la orden expresa de “no foliar” y requerimientos contables firmados por empleados transitorios sin designación legal. Al tiempo que califica de contradictorio el principal argumento de la IGJ para frenar la mudanza: la supuesta existencia de balances pendientes de evaluación entre 2017 y 2024.
El recurso destaca que el organismo emitió un certificado el 7 de noviembre de 2024 donde dejó constancia oficial de que la entidad estaba "al día con la presentación de los estados contables“, acusando a la administración de utilizar demoras burocráticas propias como pretexto.
La provincia de Buenos Aires respalda la postura de la AFA. El escrito cita una resolución dictada el pasado 25 de febrero por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que dictaminó la pérdida de todas las funciones de poder de policía de la IGJ sobre la asociación desde el momento de la nueva inscripción. La dependencia provincial consideró un hecho inadmisible la pretensión de ejecutar un doble control de legalidad sobre un mismo acto corporativo.
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Por último, la AFA solicitó que el expediente recaiga en la Sala D de la Cámara Civil. La entidad deportiva argumenta que ese tribunal debe intervenir por conexidad, ya que tramitó una disputa previa vinculada a esta misma asamblea. En aquel antecedente, los jueces fallaron a favor de la institución y anularon una medida del organismo de control. La apelación exige admitir el recurso con efecto suspensivo y ordenar la inscripción definitiva del traslado a la jurisdicción bonaerense. Como advertencia final, y para dejar en claro hasta dónde está dispuesta a llevar el conflicto, la asociación avisó en el escrito que acudirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el fallo resultara adverso.