El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994. En una serie de dictámenes firmados este miércoles, también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.
El nuevo involucrado en el expediente oficiaba como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la reconstrucción de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.
De acuerdo a las pruebas recabadas por los investigadores, una vez aprobado el plan criminal por los más altos mandos del régimen, Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevarlo a cabo.
Esto terminó de comprobarse luego de que, tal como reveló Infobae en diciembre, cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.
La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.
Los procesamientos
Los diez iraníes y libaneses que pidió procesar el fiscal son los mismos sobre los que el juez Rafecas ya había resuelto aplicar el juicio en ausencia. Están prófugos de la Justicia argentina y con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.
Los acusados son: Alí Fallahian, antiguo ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, titular de Asuntos Exteriores durante esa época; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds y la semana pasada fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria.
Todos ellos integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, entidad gubernamental que autorizó la realización del ataque terrorista mediante una reunión reservada celebrada a mediados de agosto de 1993, momento que coincidió con avances en procesos de paz en Medio Oriente.
La lista de eventuales procesados sigue con exdiplomáticos en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour, embajador de Irán; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la embajada.
La investigación de la UFI AMIA señala que este grupo conformó una red de espionaje encubierta bajo fachadas oficiales. Su labor fue vital para compilar datos sobre el blanco elegido, brindar apoyo logístico a los ejecutores materiales e incluso facilitar el ocultamiento posterior a la explosión, aprovechando su inmunidad diplomática para moverse sin despertar sospechas.
La lista de acusados se completa con los miembros de la organización armada libanesa Hezbolá. El principal es Salman Raouf Salman, terrorista que dirigió las acciones finales en nuestro país. Este hombre ingresó clandestinamente a la Argentina para organizar la llegada, el alojamiento y la huida del escuadrón ejecutor, según se desprende del dictamen fiscal.
Habría operado junto a su hermano Abdallah Salman, responsable de manejar grandes sumas de dólares destinados a financiar actos ilícitos. Por último, Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante libanés asentado en Paraguay, entregó certificados laborales apócrifos para que Salman Raouf Salman obtuviera una ciudadanía ficticia.
En su dictamen de 201 páginas, el fiscal Basso detalló que, en calidad de autores o partícipes, los iraníes y libaneses de Hezbolá incurrieron en los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, a raíz de las 85 víctimas fatales, en concurso ideal con las lesiones (leves, graves y gravísimas) sufridas por al menos 141 personas y los múltiples daños materiales ocasionados por la explosión.
Adicionalmente, se los acusó por el patrocinio, pertenencia y/o colaboración con una banda armada, figura penal que también incluye el agravante por fines discriminatorios.
El dictamen detalla cómo la cúpula del régimen islámico diseñó una estrategia bélica global con el “indudable propósito de denigrar y agredir violentamente” a la comunidad judía.
Para el fiscal, está probado que las directivas, el dinero y la protección emanaron directamente desde Teherán. Mientras tanto, los comandos subordinados de la milicia concretaron la fase material del asesinato masivo, burlando los diferentes controles migratorios sudamericanos mediante el uso de pasaportes falsos.
Como medida cautelar patrimonial, Basso pidió actualizar los montos de los embargos preventivos dictados sobre los bienes de cada uno de los responsables. La cifra requerida superó los $741 mil millones. Asimismo, se sugirió emplear vías diplomáticas y redes sociales oficiales para notificar fehacientemente a los prófugos sobre las decisiones dictadas en su contra.
Es un paso que exige la ley para avanzar hacia la etapa de debate oral y público, que en este caso será un juicio en ausencia.
La defensa pública de los acusados planteó ante la Cámara Federal de Casación Penal la inconstitucionalidad de la Ley 27.784, que establece las condiciones en las que se puede juzgar a un prófugo. Es algo que ya rechazaron el juez Rafecas en primera instancia y luego la Cámara Federal porteña. Definirá la Sala II del máximo tribunal penal.