La Unidad de Información Financiera (UIF) había alertado al menos en tres oportunidades sobre operaciones sospechosas de Maximiliano Vallejo, vinculado a la causa de Sur Finanzas.
En diciembre de 2023, el organismo remitió al Ministerio Público Fiscal un primer informe por operaciones de cambio ilegales y lavado de activos vinculadas a la empresa Centro de Inversiones Concordia, cuya propiedad se atribuye a Vallejo y a su madre, Graciela.
Durante 2024, la UIF envió un segundo informe, también en el marco de operaciones de cambio ilegales y lavado de activos, esta vez sobre la empresa Gestiones San Miguel, cuya titularidad también se atribuye a Vallejo y su madre.
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Antes de finalizar ese año, el organismo remitió un tercer informe por operaciones de lavado que involucraban a las empresas Tar Construcciones S.A. y Centro de Inversiones Concordia, ambas vinculadas a Vallejo y su entorno familiar.
Uno de los reportes daba cuenta de que Tar Construcciones S.A. registraba operaciones en dos bancos que excedían ampliamente su perfil económico, con movimientos por más de 4 mil millones de pesos correspondientes a fondos que no contaban con documentación que los respaldara. A partir de estos datos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) comenzó a investigar y detectó un entramado de empresas, entre ellas Sur Finanzas.
De acuerdo con la investigación, Vallejo figura desde 2020 inscripto como trabajador autónomo, categoría T3, con ingresos declarados de hasta 25 mil pesos. Sin embargo, entre 2018 y junio de 2024 realizó 1.529 operaciones de compra de moneda extranjera y dos de venta, cifras incompatibles con su perfil fiscal declarado.
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La dinámica de la UIF
La UIF cuenta con un sistema de detección de operaciones potencialmente sospechosas y recibe notificaciones de los sujetos obligados del sistema financiero, inmobiliario y automotor. Hasta hace poco, Vallejo no registraba antecedentes públicos relevantes, ni vínculos conocidos con el fútbol ni con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El organismo puede colaborar con la Justicia cuando detecta operaciones inusuales o sospechosas mediante la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por presunto lavado de activos. Además, tiene la obligación de colaborar en investigaciones ya iniciadas, aportando reportes y respondiendo pedidos de informes requeridos en el marco de una causa judicial, a partir de la inteligencia financiera disponible en sus bases de datos.
Los tres informes elaborados por la UIF se originaron en expedientes internos del organismo, en los que inicialmente se recolectó información preliminar. Con el avance del análisis, los reportes fueron remitidos al Ministerio Público Fiscal para que se evaluara la adopción de eventuales medidas judiciales.
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En el tercero de estos informes, más exhaustivo que los anteriores, la UIF detalló que Tar Construcciones S.A. y Centro de Inversiones Concordia, ambas bajo la titularidad de Vallejo y su madre Graciela, estaban involucradas en presuntas operaciones de lavado de dinero. Este reporte se sumó a los enviados previamente en 2023 y 2024, que ya advertían sobre actividades irregulares en Centro de Inversiones Concordia y Gestiones San Miguel, también atribuidas a Vallejo y su entorno familiar.
A partir de estos antecedentes, la PROCELAC profundizó la investigación y volvió a detectar un entramado de empresas, entre ellas Sur Finanzas. Del expediente surgieron datos sobre Vallejo que delinean un perfil económico incompatible con lo declarado por las sociedades involucradas.
Diversas investigaciones
La financiera Sur Finanzas y su titular, Vallejo, son eje de diversas investigaciones judiciales en trámite tanto en los tribunales federales de Comodoro Py como en los de Lomas de Zamora, partido bonaerense donde la empresa tiene su sede central.
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Sur Finanzas apareció mencionada en la causa ANDIS y fue allanada por el juez federal Sebastián Casanello a raíz del supuesto uso de una criptomoneda denominada Neblockchain, atribuida a la financiera, para desviar presuntos pagos de la Agencia Nacional de Discapacidad, entonces a cargo de Diego Spagnuolo. La investigación apunta a la compra de medicamentos de alto costo a droguerías, donde se sospecha que hubo direccionamiento y sobreprecios.
En Comodoro Py, la jueza federal María Eugenia Capuchetti tiene abierta desde 2021 una causa por supuestas maniobras destinadas a la compra de dólar oficial en el contexto del cepo cambiario. En ese expediente ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre Vallejo y otras 14 sociedades investigadas. En paralelo, en el fuero penal económico porteño se instruye otra investigación por presuntos delitos de lavado de dinero a partir de una denuncia de la PROCELAC.
Las denuncias que mayor repercusión tuvieron en el último mes están radicadas en los juzgados federales 1 y 2 de Lomas de Zamora. En el juzgado federal 1, a cargo de Federico Villena, se investiga una denuncia de la DGI vinculada a lavado de activos y evasión a través de la billetera virtual de Sur Finanzas, por un monto que ronda los 880.000 millones de pesos. Según el organismo, esas firmas movieron 72.000 millones de pesos y un grupo de monotributistas sin capacidad económica realizó operaciones incompatibles con su categoría fiscal.
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En el juzgado federal 2, subrogado por Luis Armella, tramita otra investigación contra Sur Finanzas en relación con un presunto lavado de dinero a partir de la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de fondos provenientes de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no habría sido devuelta.
En el marco de esta causa, Vallejo se presentó de manera voluntaria en el juzgado la semana pasada para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado. Además, se ordenaron más de 40 allanamientos y fue detenida la tesorera de Sur Finanzas por el delito de encubrimiento, al descubrirse que se habrían ocultado en un galpón cajas con documentación y teléfonos celulares.