Roger Edgar Grant fue funcionario de la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. La Justicia sospecha que desde su cargo, además, fue uno de los ejecutores de las maniobras de corrupción que habrían desviado millones de pesos de la “caja” de Discapacidad. El imputado se presentará este lunes a las 13 ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi para ser indagado.
Como coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia, Grant administraba las compras de medicamentos mediante el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS). Desde allí habría facilitado el direccionamiento de los fondos estatales hacia las droguerías beneficiadas.
En la estructura del organismo, el imputado estaba debajo de Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud con quien había forjado una relación desde los días que compartieron en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia y seguridad privada.
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Según la investigación de la Fiscalía, Grant ejecutó las órdenes de Garbellini en el marco del engranaje corrupto. Este último, a su vez, respondería a quien había sido su superior anteriormente -durante la gestión de Cambiemos- Pablo Atchabahian, detenido y señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de la ANDIS, junto a Miguel Ángel Calvete.
Se pudo observar, mediante conversaciones recuperadas de teléfonos secuestrados, que Grant sabía exactamente qué empresas cotizarían en cada compulsa de precios. Además, manejó los tiempos de los procesos de compra y aplicó instrucciones específicas sobre qué droguerías debían ser dadas de alta o baja en el sistema.
De las pruebas halladas por el fiscal Picardi se puede concluir que este funcionario -desplazado cuando estalló el escándalo- habría sido el último eslabón de la cadena de corrupción; el que debía conocer la letra chica y los números finos de cada transacción.
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Mientras que en las licitaciones abiertas el organismo invitaba a competir a unas 15 droguerías, a las compulsas “reducidas” solo accedía un grupo de cuatro oferentes que “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”, dictaminó la acusación.
Esta “fragmentación artificial” de las compras que hacía el Estado se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que son esenciales para tratamientos prolongados o de alta complejidad para la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.
En las 21 compulsas de medicamentos que se realizaron bajo este esquema restringido, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, que implicaron un gasto de $30.337.220.919,77.
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Grant era el encargado de ejecutar todos estos movimientos, supuestamente bajo las órdenes de Garbellini y Atchabahian, mediante incumplimiento de las normativas vigentes y, a su vez, estableciendo sobreprecios que habrían profundizado el perjuicio al Estado.
Además, durante los allanamientos se encontró un indicio de vinculación directa entre Grant y Miguel Ángel Calvete. El nombre del funcionario citado a declarar este lunes apareció en uno de los cuadernos de Calvete, en una anotación que se registró bajo el título “llamar” y mencionaba a “Roger por precios”.
En otra conversación relevada por la Fiscalía, Calvete se comunicó con Lorena Di Giorno -otra ex funcionaria de ANDIS acusada- y le preguntó qué elementos le habían secuestrado a Roger Grant en el procedimiento.
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Esto sugirió que Grant no solo respondía a Garbellini y, a través de él, a Atchabahian, sino que también mantenía algún tipo de contacto -aún no esclarecido completamente- con el empresario condenado por proxenetismo y actualmente detenido.
Las indagatorias
De las primeras 15 indagatorias que ordenó el juez Casanello -se descarta que habrá más próximamente-, ya se llevaron adelante las de Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González. Todos se negaron a responder preguntas.
El desfile de imputados por los tribunales de Comodoro Py 2002 continuará el martes con Luciana Ferrari, ex funcionaria de ANDIS y luego empleada del laboratorio Roche, y Federico Maximiliano Santich, gerente y accionista de la droguería Profarma y supuestamente vinculado a otras empresas del sector beneficiadas por la Agencia de Discapacidad.
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A continuación están citados a declarar Guadalupe Muñoz -pareja de Calvete-, Patricio Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Fuentes Acosta.