El juez federal Julián Ercolini archivó por inexistencia de delito la denuncia de los abogados de Lázaro Báez contra Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N° 4, a cargo de la ejecución de su condena. El empresario, que está preso por corrupción, había reflotado su pedido para recibir prisión domiciliaria, y el fin de semana fue trasladado desde el penal de Río Gallegos hacia la cárcel de Ezeiza.
La desestimación de la denuncia por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público había sido solicitada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien recibió la causa por sorteo.
La acción judicial comenzó el 13 de octubre, a partir de dos presentaciones que realizaron los abogados Yanina Nicoletti y Lucas Nicoletti. Denunciaron haber sufrido impedimentos injustificados para visitarlo en la Unidad Penitenciaria Federal N° 15, ubicada en la provincia de Santa Cruz.
Según la reconstrucción de los hechos que hicieron los defensores, el 9 de octubre de 2025 Yanina Nicoletti comunicó al TOF N°4 que dos colaboradores de su estudio se acercarían a la cárcel de Río Gallegos para mantener una entrevista profesional con Báez.
El personal del Servicio Penitenciario Federal les habría comunicado al día siguiente que el Tribunal no autorizó la entrada al complejo, de acuerdo a la denuncia.
La abogada consideró que la medida “careció de todo sustento legal y contravino directamente las normas que aseguran el contacto de las personas detenidas con su defensa técnica”.
Por su lado, en una segunda denuncia, el defensor Lucas Nicoletti relató que el 12 de octubre intentó nuevamente -y sin éxito- reunirse con Lázaro Báez.
Este equipo de abogados reemplazó hace algunas semanas a la defensa que encabezó Juan Martín Villanueva, el abogado que llevó adelante el patrocinio en la mayoría de las causas en las que estuvo involucrado Báez y su empresa Austral Construcciones.
Qué determinó la justicia
El fiscal Stornelli analizó los hechos que se relataron y determinó que “no encuadran siquiera presuntivamente” en los delitos de abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público, según plasmó en el dictamen que elevó al Juzgado y al que tuvo acceso este medio.
El Fiscal explicó que la figura de abuso de autoridad se refiere al funcionario que dicte resoluciones u órdenes que contraríen las leyes o que no ejecute las normas que le corresponde cumplir. Este tipo de acción requiere un uso indebido de la autoridad, cuando el funcionario utiliza su posición para actuar de manera ilegal, violando la ley o la Constitución
La otra figura (incumplimiento de deberes) alude al funcionario que ilegalmente omite o retarda hacer un acto propio de su oficio.
Stornelli sostuvo que no se advirtió “una conducta penalmente relevante en este aspecto ni en ninguna otra figura penal”.
Además, la Fiscalía entendió que el asunto quedó “subsanado” a partir de que la defensa finalmente pudo acceder al penal y entrevistarse con Báez.
Desde el Juzgado de Río Gallegos habrían intercedido y destrabado aquel incidente con el Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la ejecución de la causa “Vialidad”, donde también fue condenado Báez.
“Fue el Dr. Jorge L. Gorini, presidente de este último tribunal, quien autorizó el ingreso de la defensa a la Unidad N° 15 del S.P.F., ante la injustificada negativa del Dr. Costabel”, habían plasmado los defensores en su denuncia.
El juez Ercolini, que subroga el Juzgado Federal N° 12, se pronunció en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal y desestimó el caso por inexistencia de delito.
Lázaro Báez, que enfrenta una condena unificada de 15 años de prisión por “Vialidad” y la “Ruta del dinero K”, está detenido desde el último domingo en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Así lo ordenó el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria pero dispuso que su alojamiento en un lugar con mejores condiciones, dado su delicado estado de salud.
A sus 69 años, el empresario padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales.
Además, Báez tiene otra condena -que todavía no está firme- impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, que condenó al empresario a tres años y seis meses de cárcel por la apropiación indebida de los aportes de los trabajadores Austral Construcciones y otras empresas.