Varios empresarios acusados en la megacausa de los cuadernos de las coimas pidieron al Tribunal Oral Federal N°7 evitar el juicio que comenzará este 6 de noviembre literalmente pagando sumas millonarias, una chance establecida en el Código Penal. El arquitecto Ángelo Calcaterra, llamado Ángel Jorge Antonio Calcaterra, primo de Mauricio Macri, hijo de María Pía Macri, hermana menor de Franco, -acusado en el expediente por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo por 16 hechos de coimas abonadas entre julio de 2013 y agosto de 2015-, es uno de ellos junto con Héctor Sánchez Caballero, su segundo en las firmas ODS y IECSA.
Las defensas de los empresarios y todas las partes del caso fueron citadas ayer viernes por el Tribunal para discutir la propuesta. Mario Rovella, uno de los acusados, planteó pagar un monto de más de $731 millones. Calcaterra, sin embargo, no hizo ninguna propuesta financiera; no al principio. Su defensa afirmó que deseaba participar del mecanismo y pidió integrar la reunión.
La posibilidad de cerrar la causa con una reparación económica, establecida por el artículo 59 del Código Penal, desde ya, interesó al ala política de los imputados del caso, con Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina y Julio De Vido, cuyos abogados pidieron explícitamente integrar la audiencia del viernes.
Allí, en pleno Zoom, la defensa de Calcaterra jugó su carta: ofreció $2942,6 millones de pesos por su sobreseimiento. Benito Roggio, ex hombre fuerte de los subtes, lo secundo con otros $1800 millones.
La fiscal acusadora Fabiana León se opuso. Lo mismo el fiscal federal Paul Starc, cabeza de la Unidad de Información Financiera, querellante en el proceso.
“Es en ese contexto, a menos de dos meses de iniciarse el debate oral y público, que ahora se presentan algunas defensas ofreciendo una reparación integral del daño mediante el pago de una suma de dinero a los fines de evitarlo y conseguir el sobreseimiento. La duración del proceso no habilita la impunidad. Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción", aseveró Starc en su planteo. “¿Cuánto mas grande y dañino el delito, más fácil la salida?“, se preguntó el fiscal federal en voz alta.
Los montos de los supuestos pagos por Sánchez Caballero -ordenados por Calcaterra- en lugares como el garage del hotel Hilton, ordenados por el primo de Mauricio Macri, detallados en la causa son exorbitantes: 8,7 millones de dólares. Irónicamente, la clave de la Justicia federal para acusar a Calcaterra fue su propia confesión.
Tanto Sánchez Caballero como Calcaterra hablaron de un contexto desfavorable para sus empresas en el segundo gobierno kirchnerista, en términos de acceder a contratos de obra pública. “Se presentó –en forma independiente o integrando UTEs- en unas 200 licitaciones de obra pública, de las cuales ganó no más de treinta y de esas treinta, incluso, algunas no llegaron a ejecutarse porque esos contratos no entraron en vigencia”, afirmó Calcaterra al declarar.
Luego, habló de Roberto Baratta:
“En una ocasión, el licenciado Roberto Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después comenzó a presionarme para eso y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha”, aseveró.
“Las entregas de dinero que se me identificaron durante los años 2013 y 2015, corresponde justamente a lo que estoy mencionando. Esos fueron años electorales. Dichas entregas de dinero efectivamente ocurrieron en los lugares que se mencionan en la imputación y quien las entregó fue Javier Sánchez Caballero, a mi pedido”, continuó.
Sin embargo, minimizó la plata abonada en aquella indagatoria: “No recuerdo con exactitud los montos, pero rondaban aproximadamente los cien mil o doscientos mil dólares, a veces en entregas parcializadas por no contar con esa cantidad en el momento”.
Marcha y contramarcha
La historia con respecto al primo de Mauricio Macri tuvo ciertos giros.
En junio de 2024, Calcaterra logró ser apartado del proceso al reconocer que había aportado fondos como accionista de las empresas ODS y IECSA junto al segundo de la firma, Javier Sánchez Caballero, para las arcas electorales del kirchnerismo. Uno de los supuestos receptores de ese dinero habría sido precisamente, Juan Manuel Abal Medina, que se encuentra entre los funcionarios acusados que enfrentarán el proceso.
La decisión de apartar a Calcaterra fue tomada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Carlos Mahiques, que entendieron que, palabras más, palabras menos, Calcaterra y Sánchez Caballero no pagaron coimas, sino que realizaron supuestos aportes de campaña a través de la empresa Creaurban SA para las elecciones de 2013 y de 2017, tal como declararon los empresarios.
Su caso, junto con el de otros imputados que dijeron lo mismo, fue enviado a la Justicia electoral. La decisión, sin embargo, fue revocada en noviembre pasado. Luego, un informe de peritos de la Cámara Nacional Electoral estableció que no se detectaron aportes algunos para la campaña de 2015 realizados por Calcaterra y su segundo a través de sus tres firmas.
En junio último, su defensa intentó un golpe de suerte en junio último; presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema con el caso, que fue denegado en Comodoro Py. Entonces, solo quedó la chequera.