Cristina Fernández de Kirchner llevará la causa Vialidad ante tribunales y organismos internacionales, según anticiparon desde el entorno de la ex presidenta a Infobae. A partir de hoy, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó su condena, tiene seis meses para elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, está en La Haya, Países Bajos, donde denunció ante la Corte Penal Internacional la “persecución política, mediática y judicial” contra la ex vicepresidenta, además de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino durante los últimos tres meses.
Dalbón presentó el lunes ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional un escrito de 21 páginas. El informe advierte que en las manifestaciones que se desarrollaron principalmente los miércoles, con las protestas de jubilados, hubo episodios de tortura, privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional y persecución por motivos políticos contra grupos sociales específicos.
Más temprano, este martes, ya con la versión instalada de que los jueces del máximo tribunal tenían lista la definición de la causa Vialidad, el abogado de la ex mandataria amplió esa misma denuncia “para incluir la continua y creciente persecución política, judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner”.
La segunda parte de la presentación sostiene que hay “una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria contra Fernández de Kirchner, tras la tramitación inusualmente expedita de los procedimientos judiciales poco después de su anuncio de candidatura a un cargo público”.
“Esta escalada forma parte de un patrón más amplio de acciones coordinadas estatales y paraestatales destinadas a su neutralización política”, fundamentó Dalbón en la denuncia, que ya fue recepcionada por la CPI.
Entre esas acciones por las que solicitó la intervención del órgano internacional, el letrado mencionó: manipulación de nombramientos judiciales y asignación de causas, falta de imparcialidad de jueces y fiscales vinculados a adversarios políticos, veredictos en fechas electorales, y la eventual “inhabilitación de facto” para ejercer cargos públicos a través de mecanismos judiciales.
Con esto, Dalbón pidió a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que considere la apertura de una investigación preliminar formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, además de “seguir la situación de Cristina Fernández de Kirchner y evaluar la necesidad de medidas preventivas urgentes”. Son dos pasos clave para reforzar una eventual petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El uso del poder judicial como herramienta de represión representa una nueva modalidad de violencia política. La CPI debe estar a la altura del reto de abordar estas violaciones contemporáneas del derecho internacional”, concluyó la denuncia.
La causa Vialidad ante la CIDH
Las instancias legales a nivel nacional culminan con el pronunciamiento de la Corte Suprema. Cuando los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la condena de la ex mandataria, empezó a correr un plazo de seis meses para que su defensa eleve una petición ante la CIDH -en Washington, Estados Unidos- contra el Estado argentino.
La Comisión primero debe decidir si acepta el caso. De hacerlo, se estudiará la supuesta violación a los derechos humanos que denunciará la presidenta del Partido Justicialista.
La CIDH no puede dar vuelta directamente la decisión de la Corte Suprema. Sí tiene la capacidad de hacer una recomendación de revisión de un fallo.
También tiene la posibilidad de elaborar un informe con sus conclusiones sobre el caso, y extender sugerencias para hacer reparaciones o cambios en las leyes locales. Si el Estado argentino desestimara esas recomendaciones, luego de tres meses la Comisión puede remitir las actuaciones a la Corte Interamericana.
A ese respaldo de los tribunales supranacionales que buscará CFK también se le sumará el apoyo de líderes políticos internacionales. Aún no se decidió cómo, pero ya se está pensando en una carta o documento con las firmas de dirigentes de la región y el resto del mundo que acompañen a Cristina Kirchner en su batalla judicial. Además, se preparan para acudir a organismos multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.