Con la firma de los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, la Cámara Federal de San Martín confirmó una deuda millonaria de Estado Nacional en favor de la Universidad del Delta, y resolvió que el Gobierno deberá respetar la autonomía universitaria y la transferencia de fondos, al tiempo que confirmó el ingreso aprobado de esta universidad al ecosistema de la oferta pública universitaria.
La historia del caso comienza en septiembre de 2023, cuando el Congreso de la Nación aprobó una ley por la cual creó cinco universidades nacionales: Pilar, Ezeiza y Delta, ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Río Tercero, en de Córdoba, y Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.
Pero el 26 de febrero del año pasado, ya en el gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano, que tiene en su órbita el área de educación, dictó la resolución 45 por la cual suspendió la puesta en marcha de las nuevas universidades nacionales creadas.
Explicó que era necesario “revisar el inicio de actividades académicas” de esas universidades “para determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.
La decisión de la Cámara
Al hacer lugar al planteo de la casa de estudios, Cámara de San Martín decidió confirmar una resolución dictada en primera instancia en noviembre, por lo que hizo lugar al planteo de la Universidad y decidió “disponer cautelarmente que el Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano proceda al envío de los fondos que permitan garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional del Delta, en los términos del Art. 9 de la ley 27.727. Ello, sin perjuicio de las rendiciones de cuenta que podrá solicitar por las vías pertinentes”.
Según estimaciones, la totalidad de esa deuda asciende a casi siete mil millones de pesos.
Consideró que corresponde “confirmar la resolución de fecha 11/11/2024″, “que hizo lugar a la medida cautelar y suspendió los efectos de la Resolución 45/2024″, “como también de los actos que se hubieren dictado en consecuencia” Y resolvió modificarla “en cuanto corresponde disponer que el Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano proceda al envío de los fondos que permitan garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional del Delta”.
En noviembre del año pasado, en una resolución similar, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, ratificaron un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional una resolución de Capital Humano en la que había puesto en revisión el inicio de las actividades de la Universidad Nacional de Pilar.