Quince diputados nacionales, en su mayoría del Bloque de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el fin de regular el uso agresivo de redes sociales por parte de funcionarios públicos.
“En los últimos años, hemos sido testigos de un incremento alarmante en el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para generar confrontaciones, incitar a la violencia, difundir información falsa, insultar al Papa, a representantes del amplio abanico de la política argentina, a otros países y atacar tanto a ciudadanos como instituciones democráticas”, señalaron los legisladores en una presentación que ya tuvo giro a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales.
El proyecto incluye cuatro artículos que de aprobarse se inscribirían dentro del Capítulo 3 del Título VIII del Código Penal, donde se contemplan los delitos de “intimidación pública” que atentan contra el "orden público“.
“Será reprimido con prisión de dos (2) a cuatro (4) años el que, públicamente o a través de redes sociales, por medio de publicaciones, aprobación expresa, replicaciones, ‘Me Gusta’, o cualquier forma de interacción digital que implique difusión o adhesión a la publicación, incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, cuando tal incitación sea idónea para generar un peligro cierto de afectación al orden público o la honorabilidad y/o la seguridad de las personas. Si el hecho fuera cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo o utilizando redes sociales oficiales o personales con impacto institucional, la pena será aumentada en un tercio e incluirá la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por hasta diez (10) años", estipula el artículo 2 del proyecto, que propone cambiar el actual artículo 212 del Código.
“El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones en el Código Penal con el fin de regular el uso de redes sociales y otras plataformas digitales por parte de los funcionarios públicos, en aras de garantizar un comportamiento ético, responsable y acorde con los principios fundamentales de nuestra democracia”, describe el primer párrafo de los fundamentos, redactado por 14 legisladores del Bloque de Unión por la Patria (UxP) y 1 del Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).
Con firmas como las de Victoria Tolosa Paz, Eugenia Alianiello y Pablo Yedlin, el texto agrega: “A través de esta reforma, se buscan establecer sanciones más estrictas para aquellos funcionarios que utilicen su poder e influencia en plataformas digitales para incitar a la violencia, fomentar la desinformación, atacar a las voces disidentes, amedrentar a otros organismos del Estado o desestabilizar el orden público. En un contexto de creciente polarización, desinformación y violencia digital, la necesidad de una legislación robusta se vuelve más urgente que nunca".
La iniciativa fue acompañada, a su vez, por los diputados Guillermo Snopek, Nancy Sand, Liliana Paponet, Andrea Freites, Mónica Litza, Sabrina Selva, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Gabriela Pedrali, Guillermo Snopek, Ana Aubone y Jorge Romero, todos integrantes de la bancada de UxP, opositora al gobierno del presidente Javier Milei.
También suscribió Natalia Silvina Sarapura, miembro de espacio de la UCR en la cámara baja del Congreso.
“En los últimos años -señala el proyecto-, hemos sido testigos de un incremento alarmante en el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para generar confrontaciones, incitar a la violencia, difundir información falsa, insultar al Papa, a representantes del amplio abanico de la política argentina, a otros países y atacar tanto a ciudadanos como a instituciones democráticas. Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para que algunos actores políticos utilicen herramientas digitales con fines destructivos, provocando un daño real y tangible a la paz social, al orden público y a la convivencia democrática”.
Luego apuntó: “Estos hechos no solo generan una polarización innecesaria, sino que también debilitan la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Este proyecto de ley busca, precisamente, cerrar esa brecha y reforzar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos”.
Más adelante, señaló: “El uso irresponsable de las redes sociales por parte de funcionarios públicos tiene más temprano que tarde consecuencias graves. Este proyecto de ley busca reforzar la responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes deben ser los primeros en dar el ejemplo de cómo usar las herramientas digitales de manera ética y constructiva”.
Y aseveró: “Es indispensable que las redes sociales sean un espacio donde se fomente el debate saludable, la pluralidad de opiniones y el respeto por los derechos humanos. Este proyecto de ley tiene como propósito proteger a los ciudadanos de los abusos de poder que se cometen a través de plataformas digitales, y garantizar que los funcionarios públicos, como servidores del pueblo, sean responsables de sus acciones”.
Para los firmantes, las modificaciones esbozadas en el proyecto resultan “una necesidad urgente”. “En un contexto global donde las redes sociales tienen un impacto tan significativo en el orden público y la convivencia democrática, es esencial que los funcionarios públicos sean responsables en su uso de estas plataformas".