La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren (55 años), a quien le recortaron sus funciones desde marzo pasado, cuando la fiscal general María Cecilia Vranicich dispuso una intervención en el distrito Rosario, presentó la renuncia a su cargo. El pasado viernes elevó un escrito -que tomó trascendencia en las últimas horas- con tono crítico hacia su superior, en el que pidió el cese de actividad desde el próximo 1 de septiembre para tramitar una jubilación anticipada. En el documento, argumentó que “vaciaron de contenido” la propuesta de gestión que tenía hasta el 2029, cuando vencía su mandato.
La renuncia fue confirmada este martes por fuentes del Ministerio Público de la Acusación, que indicaron que comenzaron a realizarse los trámites que se requieren para concretar la decisión de Iribarren.
Según pudo saber Infobae, el escrito fue presentado una vez que la fiscal general Vranicich le anticipó a la fiscal regional que iba a renovar en septiembre, por otros seis meses, la intervención en el distrito Rosario, que está dentro de su jurisdicción.
Ante la noticia de que iba a seguir corrida del principal territorio de su circunscripción, Iribarren elevó un escrito en el que afirmó “no compartir los lineamientos actuales de la conducción del Ministerio Público de la Acusación de la provincia”.
“El plan de trabajo que propuse para ejercer la dirección de la Regional Segunda Circunscripción del MPA hasta el año 2029 ha quedado vacío de contenido por la gestión actual, no obstante haber sido seleccionada en una terna por el jurado a cargo del concurso respectivo, elegida de esa terna por el gobernador de la provincia y aprobado el pliego enviado por la unanimidad de miembros de la Asamblea Legislativa, lo cual implicó el reconocimiento del rumbo de trabajo que venía ejerciendo desde hacía tres años”, amplió.
Iribarren enfatizó que “la falta de apoyo” de la fiscal general a las decisiones tomadas en su ámbito de competencia quedó evidenciada en la intervención de marzo pasado, cuando su superior designó para el distrito Rosario al fiscal Matías Merlo y la limitó territorialmente sus funciones.
“Implicó el apartamiento de las funciones propias del cargo concursado, evidencian una falta de confianza y deslegitimación de la autoridad que ejerzo, que me impide continuar con el cumplimiento de la labor encomendada, fundamentalmente al habérseme comunicado informalmente en el día de la fecha que la intervención iba a ser prorrogada en los próximos días”, concluyó.
En marzo, cuando la fiscal general ordenó la intervención de la Justicia provincial de Rosario, argumentó a través de un escrito que el objetivo era “restaurar la cohesión interna institucional” y “reordenar los procesos de trabajo” de los fiscales.
Según la explicación del documento presentado por Vranicich, la medida fue la consecuencia de un monitoreo llevado a cabo por personal de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. Entre septiembre y diciembre del año pasado monitorearon cómo trabajaban las tres unidades más sensibles de la Justicia rosarina: Homicidios Dolosos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Balaceras.
La supervisión de las tareas había sido ordenada por Vranicich después de que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaran a su colega Matías Edery por presuntas irregularidades en la relación que mantenía con su informante Mariana Ortigala, sospechada de trabajar para el líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero. Desde septiembre del año pasado, la mujer está imputada y detenida por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido del capo narco.
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