La Cámara Federal de Comodoro Py convocó para el próximo miércoles a una audiencia en la que tratará la apelación que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, presentó contra el fallo del juez Sebastián Casanello que le ordenó que presente un plan para la entrega inmediata de las cinco toneladas de alimentos que el gobierno tiene guardadas en dos depósitos.
El gobierno objetó esa decisión y se presentó en la Cámara Federal. El caso quedó a cargo de la Sala II del tribunal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que convocaron a una audiencia para el próximo miércoles a los abogados de Capital Humano para escuchar sus argumentos, informaron a Infobae fuentes judiciales. El gobierno tiene la opción de solicitar que la audiencia sea oral o presentar sus argumentos por escrito.
La entrega del plan que ordenó el juez Casanello dispuso que sea en un plazo de 72 horas que vence mañana. La apelación a la Cámara no suspende ese plazo. “Encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”, sostuvo el magistrado en su resolución de este lunes.
Se trata de una causa que inició el dirigente social Juan Grabois en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano. El dirigente social ya es querellante. El disparador de la denuncia fue la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
Grabois denunció que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo (Tucumán), se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano. Son 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán de alimentos listos para su entrega.
El gobierno reconoció esa situación. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada en conferencia de prensa y el Ministerio de Capital Humano en la causa judicial. La cartera explicó que verificaron irregularidades en la forma de distribución de esa comida que hacía el gobierno de Alberto Fernández y que trabajaban en un mecanismo para mejorarlo.
La fiscal Paloma Ochoa le reclamó el viernes pasado al juez una “medida innovativa”, para ordenarle al Ministerio de Capital Humano que entregue los alimentos retenidos que está demandando Grabois y todos los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores, ante la “impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población”.
El juez no accedió a ordenarle al Gobierno la inmediata entrega, pero sí lo instó a que en 72 horas presentara el plan “preciso” de cómo va a distribuir los alimentos. Subrayó que las víctimas no son los comedores sino las personas vulnerables que necesitan la comida. Para el magistrado, “corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados”.
El Gobierno apeló el fallo . Afirmó que se trataba de una “cuestión política no judiciable” y que es una función del ministerio de Capital Humano decidir sobre la distribución de los alimentos. Asimismo, destacó la “potestad para desarrollar las políticas de alimentos, establecer las prioridades y determinar cuándo deben ser distribuidos y bajo qué circunstancias en función de las Leyes y Convenios Vigentes”. Se habló de “falta de competencia e ilegalidad de la medida ordenada” y “arbitrariedad”. De acuerdo a la postura oficial, el juez “se arroga facultades” que son propias del Ministerio. Así, el caso pasó a la Cámara Federal.
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