En medio del escándalo por la denuncia que recayó contra la jueza de La Rioja Norma Abate de Mazzucchelli, la Legislatura provincial rechazó por unanimidad su renuncia al cargo, por lo que se enfrentará a un jury del Consejo de la Magistratura. En simultáneo, la Justicia la imputó por exigir coimas millonarias para reactivar causas que no tenían movimiento.
Una vez que se conocieron las acusaciones, la vicegobernadora Teresita Madera convocó al Jurado de Enjuiciamiento para iniciar con el proceso contra la magistrada. Sin embargo, Abate de Mazzucchelli presentó su renuncia a las pocas horas de que estallara la polémica. De esta manera, la Cámara de Diputados riojana llamó a una sesión especial para tratar la situación.
Antes del inicio del tratamiento parlamentario, el Consejo de la Magistratura notificó sobre la apertura del Jurado de Enjuiciamiento en contra de la magistrada de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, por lo que fue suspendida en su cargo. Además, se sortearon las personas que integrarán la comisión el jurado, que estará a cargo de Elizabeth Agüero, Alejandra Oviedo, Gabriela Rodríguez.
Luego, se trató la renuncia de Abate de Mazzucchelli. Así, el diputado Cristian Pérez, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura riojana, alegó que es el Consejo de la Magistratura el que debe resolver la situación de la magistrada. En este marco, solicitó al cuerpo “no prestar acuerdo a la renuncia interpuesta por Mazzucchelli”.
En consecuencia, los diputados rechazaron por unanimidad la dimisión presentada por la jueza y se dio inicio al proceso que llevará adelante el jurado de enjuiciamiento.
Más allá de los procedimientos propios del Consejo de la Magistratura, al hacerse pública la denuncia contra la jueza, la Justicia penal comenzó a trabajar. De esta manera, el fiscal provincial Luis González Aguirre imputó formalmente a la magistrada.
“La conducta que se le enrostra a la jueza es haber pedido una contribución abusando del ejercicio de sus funciones”, planteó el funcionario público en un diálogo con TN y agregó: “Hay un principio de prueba aportado de la denunciante, en formato de audio y video que da respaldo a lo que manifestó. Estas circunstancias, analizadas por la Fiscalía, determinaron elementos suficientes para que el juez de instrucción investigue la causa”.
La denuncia contra la jueza de La Rioja
El contenido al que refiere González Aguirre fue transmitido por el programa Telenoche (El Trece), acompañado por el testimonio de la comerciante Manuela Saavedra, quien relató cómo fue que la jueza le habría pedido 8 millones de pesos en concepto de “reconocimiento” para agilizar un proceso de sucesión familiar.
Según el relato de Saavedra, Abate de Mazzuchelli mantuvo con ellas tres encuentros. En la primera reunión, fue la comerciante quien se acercó a la magistrada para conocer por qué el expediente estaba paralizado. Horas después, la jueza se habría hecho presente en el comercio de la mujer, alegando que los oficios podrían estar listos en breve.
Esto habría derivado en una tercera reunión en el que Abate de Mazzucchelli solicitó una suma de dinero para destrabar la causa, algo que incluiría dentro de los honorarios de la abogada que llevaba la sucesión, pero que cobraría ella.
En ese momento, la mujer comerciante grabó un video en el que se la escucha a la magistrada quejarse de los bajos salarios. La jueza fue directa y preguntó: “¿Cuánto creés que podés (pagar)?”. “¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”.
“Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, afirmó Abate de Mazzucchelli. Así, Saavedra completó que la jueza le comentó: “Voy a regular unos honorarios para tu abogada y esos honorarios van a ser los míos. Vos me entendés, porque sos inteligente”.
Luego de eso, siempre siguiendo el relato de la comerciante riojana, Abate de Mazzucchelli escribió un “8″ en un papel, requiriendo 8 millones de pesos por el proceso y cuestionando el trabajo de los abogados que llevan el expediente. Segundos después, habría intentado negociar otro monto al preguntarle a la comerciante cuánto estaba dispuesta a pagar.
Por todo esto, el fiscal González Aguirre entiende que la jueza cometió el delito enmarcado en el artículo 266 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de un (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a (5) cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.