El ex policía Ariel Zanchetta, acusado de ser un agente inorgánico de inteligencia y procesado por haber espiado a jueces y políticos, podrá salir en libertad en las próximas horas si paga una fianza de tres millones de pesos y cumple una serie de pautas de conducta. Así lo resolvió el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, luego de que el fiscal Carlos Stornelli avalara el pedido, cuando la defensa pidió la excarcelación. La jugada fue consecuencia directa de que el otro acusado, el hacker Ezequiel Nuñes Pinheiro, lograra salir en libertad esta semana. De inmediato, el defensor de Zanchetta también dijo que le correspondía el mismo beneficio para su cliente.
La causa, por la que también está acusado el ex funcionario de La Cámpora Fabian “Conu” Rodríguez, se queda sin presos. La Cámara Federal ordenó el año pasado profundizar en quiénes fueron los autores intelectuales del espionaje a jueces, algo que aún no tiene respuestas.
Todo se enmarca en la megacausa que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte Suprema. Los hackeados fueron los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. La creación de líneas telefónicas, con epicentro en Misiones, fue denunciada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti y destapó que otros miembros del máximo tribunal como Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti habían sido víctimas de la misma maniobra. Son dos causas por separado que, sin embargo, tienen lazos en común.
Zanchetta es un ex policía que decía ser periodista y se convirtió en una pieza clave de la causa. En sus dispositivos, se encontraron pruebas de seguimientos y datos sobre funcionarios judiciales y políticos. De hecho ya se convirtieron en querellantes desde el ex presidente Mauricio Macri hasta el actual presidente Javier Milei, pasando por el ex candidato a presidente Sergio Massa o la ex ministra de Desarrollo Social y diputada Victoria Tolosa Paz.
El ex fiscal que investigaba el caso, Gerardo Pollicita, lo acusó de ser un espía inorgánico que trabajaba junto a otros agentes de la AFI, también imputados. Pidió indagarlo por asociación ilícita, pero la diligencia quedó supeditada a la espera de más análisis y no se ordenó aún. Las pruebas encontradas en teléfono también convirtieron en imputado a “Conu” Rodríguez. Sus dispositivos fueron secuestrados pero no se lo encontró en el momento del allanamiento a sus oficinas. Según el fiscal, estuvo en la sede de la AFIP cuando lo fueron a buscar pero desapareció cuando llegaron los policías. El celular lo entregó cuatro días después, tras un fallido pedido de arresto en su contra.
A la espera de revisar los teléfonos y computadoras del ex funcionario kirchnerista, la causa tuvo novedades esta semana. Tuvo como protagonista a Nuñes Pinheiro, el hacker misionero acusado de haber hecho maniobras que se usaron para hacker los celulares de jueces, del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y del diputado del PRO Diego Santillán. Después de nueve meses de cárcel, el joven logró salir de prisión.
La defensa de Zanchetta, a cargo de Fernando Scanavino, vio la oportunidad y pidió lo mismo. Afirmó que “lo actuado desde diciembre a la fecha corrobora la inexistencia de todo vínculo entre Zanchetta y Nuñes Pinheiro (también procesado en la causa), como así tampoco entre Nuñes Pinheiro y el diputado Rodolfo Tailhade”. Y subrayó que su cliente “no se encuentra procesado por asociación ilícita y que es esa hipótesis la que desde un principio justificó su detención”.
El fiscal Stornelli, que ya había avalado la libertad de Nuñes Pinheiro, entendió que también había que evaluar “el tiempo que ya cumplió en detención”, la falta de nueva prueba desde el último pronunciamiento de la Cámara Federal y el “alto grado de aseguramiento probatorio” alcanzado. Según subrayó, Zanchetta ya no tenía “acceso a los elementos informáticos secuestrados en los allanamientos llevados a cabo en la presente causa, ni que pudiera influir en las pericias que aún se están llevando a cabo”.
En una resolución a la que accedió Infobae, el juez Martínez De Giorgi afirmó: “La propuesta del representante del Ministerio Público no deja, prácticamente, margen para una decisión en contrario, en función de la posibilidad de incurrir en una decisión arbitraria por no encontrar fundamento en la petición de la parte responsable de velar por legalidad del proceso e impulsar la acción penal -dijo el juez en la resolución-. Por otro lado, también resulta razonable la imposición de una caución real”: una fianza de 3 millones de pesos. Cuando pague ese monto y pueda salir de la cárcel de Marcos Paz. Allí había denunciado amenazas: le escribieron en un cartel “muerte al espía del pabellón 9″.
Tras disponer la libertad, el juez le prohibió salir el país y ordenó la retención de pasaporte, fijación de domicilio real con compromiso de no mudarlo ni abandonarlo más de 24hs sin aviso, la comparecencia periódica ante la dependencia que se indique. Pero, además, Zanchetta deberá denunciar al tribunal la totalidad de los dispositivos electrónicos que vaya a usar: computadoras, celulares, tablets, así como también los servicios de internet que habitualmente empleare, con indicación de domicilios de instalación y empresas prestatarias -tanto del servicio de internet como del de telefonía celular. “Ello, teniendo en cuenta que más allá de las consideraciones efectuadas sobre el avance de la causa, a lo que se suma la gravedad institucional que los hechos por los que se investiga al encartado tanto en esta causa como en las conexas, aún quedan medidas pendientes de producción”, sostuvo.
Martínez De Giorgi señaló que no era viable colocarle un dispositivo de vigilancia electrónica como pedía la fiscalía porque eso “solo se encuentran previstos por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica para personas que se encuentren cumpliendo proceso o pena en establecimiento penitenciario, como alternativa al encarcelamiento”.