El juez Guillermo Atencio rechazó hoy un pedido de los abogados de Julio “Chocolate” Rigau para que cumpla con la prisión domiciliaria, aunque reclamó que el puntero del PJ que recaudaba con tarjetas de la Cámara de Diputados reciba controles médicos todas la semanas en su lugar de detención.
Los abogados de Rigau habían pedido el beneficio de la morigeración en base a su estado de salud. Según plantearon, el puntero “padece una depresión emocional que le genera un aumento de la presión arterial” desde el fallecimiento de su esposa, que ocurrió mientras estaba detenido.
Además, los defensores argumentaron que no hay riesgo de fuga y que Rigau “se entregó voluntariamente a la justicia”.
Rigau está detenido desde el 9 de septiembre, cuando fue descubierto en un cajero del Banco Provincia con 49 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense. En noviembre, el juez Atencio le dictó la prisión preventiva por lo que sigue bajo arresto.
Al momento de resolver el pedido de morigeración, el juez ahora tuvo en cuenta los informes médicos que dan cuenta que Rigau se niega a tomar medicación. “El mal manejo de su trastorno de ansiedad es consecuencia de su estado emocional por lo que se indica ansiolítico (clonazepam) el cual el paciente se niega a recibir, explicándole las consecuencias que esto puede acarrear”, dice uno de esos informes.
En tanto, otra perito sostuvo que “la evaluación psiquiátrica permitió descartar el padecimiento de un cuadro de depresión medica tratable psiquiátricamente”.
Además, el juez Atencio dijo que hay riesgo de que Rigau se pueda fugar si recupera su libertad. “Atendiendo a lo que quedase dicho, considero que el mantenimiento de la medida cautelar oportunamente dictada resulta necesaria y proporcional para asegurar la presencia del mismo en el proceso y, en su caso, el efectivo cumplimiento de la pena”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
En las últimas semanas, la fiscal Betina Lacki estuvo dedicada a tomar varias declaraciones testimoniales y tiene audiencias previstas hasta el 10 de abril. Muchos de los dueños de las 39 tarjetas del Senado bonaerense todavía no se presentaron, pero la fiscal ya le advirtió que ordenará que los traigan con la policía si vuelven a faltar.
En tanto, tal como había anticipado este medio, este miércoles presentó su renuncia a la defensa de Facundo y Gustavo Albini el abogado Gustavo Galasso, quien se fue “por discrepancias en la estrategia” junto a otros tres abogados.
Los Albini seguirán siendo defendidos por el estudio de Maximiliano Rusconi, que ya había ingresado al expediente en el mes de febrero. De hecho, Gabriel Palmeyro, abogado de ese estudio, estuvo presente en todas las testimoniales que se tomaron en las últimas semanas.
La situación de los detenidos se complicó la semana pasada con un informe pericial realizado por la Policía Federal que demostraría que la maniobra implicó una estafa al Estado de al menos $400 millones, solo entre 2022 y 2023. Esa cifra se multiplicaría si se confirma que la operatoria se remonta hasta 2012.
Ese estudio aterrizó el miércoles pasado en Tribunales y disparó una serie de medidas de prueba urgentes. Ese mismo día, la fiscal Lacki pidió informes a la Cámara de Diputados, a la AFIP, a IOMA, y al Instituto Previsional Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) para ampliar la pericia. Entre otros cosas, quiere tener los extractos bancarios desde la de apertura de cada cuenta. Hay algunas que se remontan a 2012.
Del análisis de los movimientos bancarios surgió, además, que Julio Rigau recibió transferencias sospechosas desde las cuentas bancarias de algunos de los dueños de las tarjetas. “Del resumen bancario de la cuenta del Banco Provincia de Julio Segundo RIGAU: se observaron transferencias recibidas (la mayoría Cuentas DNI -app del Banco Provincia) de diferentes personas hacia la cuenta del nombrado, durante 2022-2023, muchas coincidentes con los mensajes de Whatsapp y nombrados en la investigación”, dice el informe.
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