“Se corre riesgo que se suspendan las políticas públicas”: el gobierno nacional se presentó en las causas contra el DNU

El gobierno nacional de Javier Milei se presentó en la Justicia y advirtió que el amparo que la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 “se corre riesgo que se suspendan las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional”.

La solicitud de la central obrera fue pedir que se habilite la feria judicial en el expediente en el que reclama que esa causa pase al fuero contencioso administrativo federal, donde tramita un amparo colectivo contra el DNU.

Los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, pidieron que con “urgencia” se trate su pedido de habilitar la feria. Es para que se trate durante el receso de enero el expediente que inició la CGT. El argumento es que en el fuero contencioso tramita el amparo antes citado y que, por lo tanto, allí debe estar el reclamo de la central obrera: pedir la suspensión de las reformas laborales.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó ayer la feria judicial para tratar un pedido de la CGT -que la semana pasada hizo una manifestación frente al Palacio de Tribunales y el 24 de enero hará un paro general contra el DNU- de suspender los efectos del decreto mientras se analiza su constitucionalidad.

El fiscal de la Cámara, Juan Manuel Domínguez, dictaminó que el conflicto, sobre donde debe tramitar el amparo de la CGT, lo debe resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Ahora debe dar su fallo la Cámara del Trabajo.

Pero ante la habilitación de la feria para tratar el pedido de la CGT, el Gobierno se presentó para insistir en que ese expediente pase al fuero contencioso. “Resulta imperioso que el Estado Nacional ejerza debidamente y con plenitud su derecho de defensa en juicio, a fin de resguardar en lo inmediato los intereses públicos que se tutelan”, planteó el Poder Ejecutivo en su presentación a la que accedió Infobae y en la que pidió que se habilite el período de receso judicial de enero.

“En este caso, la petición de habilitación de feria está bien fundada, pues la acción de amparo y la medida cautelar peticionada tiende a dejar sin efecto el DNU 70/2023; y visto la resolución de la Sala de Feria del fuero del Trabajo por la que se habilitó la feria para su tratamiento, se advierte que le permitiría ahora decidir tal precautoria en aquella sede jurisdiccional incompetente”, explicaron los abogados de la Procuración del Tesoro.

Y agregaron: “Por lo cual se corre riesgo que se suspendan las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional”. También resaltaron que si actúa el fuero laboral “se pone en inminente riesgo los objetivos de interés público que el DNU busca proteger y realizar”. Así pidieron que “se reitere y requiera en forma inmediata y urgente la causa promovida por la CGT”.

El planteo está a cargo de Enrique Lavié Pico, el juez de primera instancia del fuero contencioso que está operativo durante la feria judicial. Antes de resolver, el magistrado le pidió opinión al fiscal Miguel Ángel Gillian sobre si la feria se debe habilitar o no. El fiscal ya sentó postura en otros expedientes de que la feria no se tiene que habilitar.

Lo hizo en los amparos que presentaron los abogados Jorge Rizzo, Andrés Gil Domínguez y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que fue la asociación civil que inició el proceso colectivo y solicitan que sus causas se tramiten durante el receso judicial.

Allí, el fiscal Gillian dictaminó por no habilitar la feria. Consideró que “la demora impuesta por el receso en la tramitación de la acción impetrada no entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos”. También citó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de tratar después de la feria judicial la causa que inició en el máximo tribunal el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

“En tales condiciones, creo oportuno recordar el deber que tienen las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte Suprema dictadas en casos similares, en razón de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia”, opinó Gillian.

El abogado Rizzo se volvió a presentar en la causa y objetó la postura del fiscal. “Si hay necesidad y urgencia para el dictado del Decreto por parte del DNU, por lógica consecuencia hay necesidad y urgencia para pronunciarse sobre la medida peticionada tendiente a suspender sus efectos en razón de resultar dicho acto administrativo un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable”, planteó para insistir con la habilitación de la feria.