La Cámara Federal de Casación Penal avaló este jueves las prisiones preventivas de dos imputados en la causa que comparten con el juez federal Walter Bento, acusado de otorgar beneficios procesales a cambio de sobornos. El juicio oral comenzó a fines de julio y tiene una treintena de personas acusadas por delitos que van desde lavado de activos y enriquecimiento ilícito hasta el pago de coimas, violación de secretos y de los deberes de funcionario público y falso testimonio.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 de Mendoza inició el pasado 26 de julio el debate público que tiene en el banquillo de acusados al juez Bento, titular del juzgado federal 1 de Mendoza, hoy suspendido y con un jury de enjuiciamiento por mal desempeño en curso. La causa tiene 50 cuerpos y 29 personas acusadas. 14 de ellas están presas, dos de las cuales recibieron el aval de la Sala III del máximo tribunal penal del país para prorrogar sus prisiones preventivas por seis meses más.
Se trata de Enrique De la Cruz, acusado de cohecho activo -coimas- agravado por un hecho en calidad de coautor, y de José María Sanguedolce Cadile, a quien le endilgan haber cometido cohecho activo agradado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador. Ambos seguirán en prisión preventiva a pedido de la fiscalía y por resolución del TOCF 2 mendocino. La Sala III, en tanto, con la firma de los camaristas Alejandro W. Slokar y Gustavo M. Hornos, resolvió “tomar nota” de la decisión dictada el pasado 15 de septiembre.
El Ministerio Público Fiscal del juicio está representado por la fiscal María Gloria André y su colega que investigó durante la etapa de instrucción, Dante Vega. Su hipótesis apunta contra una organización delictiva donde el juez Bento ejercía presuntamente el rol de jefe de una asociación ilícita dedicada a otorgar beneficios procesales -desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso- a cambio de distintas prestaciones como el pago de sumas de dinero, generalmente en dólares estadounidenses, o bien la entrega de bienes inmuebles o muebles (particularmente automóviles). En esa acusación también se encuentran -entre otros- la esposa del juez, Marta Boiza, y sus hijos Nahuel y Luciano Bento, imputados por haber formado parte del enriquecimiento ilícito del magistrado.
Si bien fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, Bento aún es titular del juzgado federal 1 de Mendoza, con competencia electoral. Por su juzgado circulan causas contra el crimen organizado pero también se estudian temas vinculados al control de las elecciones presidenciales de esa provincia. A su vez, esta semana comenzó el juicio político por presunto mal desempeño en sus funciones a cargo de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que será el encargado de determinar si el juez es finalmente destituido del cargo o si se rechazan las acusaciones y vuelve a ocupar la judicatura. La decisión será clave porque en caso de ser removido quedará en condiciones de ser detenido.
Por lo demás, un crimen ligado al narcotráfico derivó en la investigación que llegó hasta el juez federal Bento. Y es que en marzo de 2020, a inicios de la pandemia, fue detenido el “financista” Walter Bardinella Donoso (40), que estaba prófugo acusado del transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), un ex despachante de Aduana que se convirtió en informante de la policía y que le decía a sus contactos que en la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero. En los mensajes de texto y de voz aludía al “juez”, al “número 1″ o al “gran jefe”. Entre declaraciones testimoniales y otras tareas investigativas, el fiscal Vega fue configurando la trama.
En un descargo frente al Consejo de la Magistratura de la Nación, el magistrado suspendido dijo: “Todo lo que se ha dicho en mi contra es mentira”. Y agregó: “La causa por la que estoy aquí sentado se construyó con la declaración de personas procesadas, detenidas o exoneradas de las fuerzas de seguridad por mí”. También señaló que lo que declararon los testigos no se corroboró en ninguna prueba.
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