La defensa pública en Chile de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), volvió a oponerse a su extradicción para terminar de cumplir una condena de nueve años de prisión y planteó la prisión domiciliaria o medidas menos lesiva a una detención en una cárcel. Así lo expuso en una audiencia que se realizó ayer en la Corte Suprema de Justicia de la localidad de Valdivia en la que la Fiscalía y el gobierno de Gabriel Boric insistieron en la extradición.
Con la exposición de las partes, la Corte de Valdivia pasó a resolver. El tribunal tiene que decidir si confirma la aprobación que la semana pasada hizo un jugado penal de primera instancia para que Jones Huala sea extraditado.
Lo que se busca es que el líder de la RAM sea enviado a Chile para que termine de cumplir la condena que en 2018 la justicia de ese país le dictó de nueve años y un día de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fabricación artesanal. Fue por un hecho ocurrido en 2013.
Jones Huala comenzó a cumplir la condena en la cárcel de Temuco hasta que el 20 de enero del año pasado la justicia le dio la libertad condicional. Pero el 15 de febrero de ese año la Corte Suprema revocó la decisión y ordenó la detención. Como no pudo ser localizado se lo declaró prófugo y se emitió una alerta azul de Interpol, la policía internacional, que es para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.
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Tras un año prófugo, fue detenido el lunes de la semana pasada en una casa de El Bolsón, en Río Negro, en la que se escondía. El Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno de Chile aprobó la semana pasada la extradición y el caso pasó a la Corte Suprema de Valdivia que ayer hizo una audiencia con todas las partes.
El fiscal Sergio Fuentes Paredes y el representante del Ministerio del Interior de Chile Carlos White plantearon que se cumplen todos los requisitos que establece la ley para que Jones Huala sea extraditado. Puntualmente que que la pena por el delito que se lo condenó sea de más de un año de prisión y que esté acreditado el país y lugar en el que se encuentra. Y pidieron que se confirme la extradición y que el gobierno de Chile, a través de su Cancillería, pida a Argentina el envío de Jones Huala.
Por su parte, al defensa pública penal, a cargo de Juan Pablo Alday Blanc, no objetó que esos puntos estén cumplidos. Pero planteó que tratados internacionales establecen de que el mismo delito en Chile debe estar regido en Argentina y eso debe estar acreditado en la causa, lo que la defensa planteó que eso no ocurre en el expediente. Por lo tanto solicitó que se rechace la extradición.
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Pero además pidió que se revoque la prisión preventiva que tiene Jones Huala y que cumple en la cárcel federal de Esquel. La defensa sostuvo que el líder de la RAM tiene arraigo en la Argentina, que cuenta con familiares en Río Negro y que uno de los preceptos de las condenas penales que el acusado se resociabilice, para la cuál la familia es fundamental. El abogado marcó que un estudio socioambiental garantiza la posibilidad que Jones Hualas cumpla con un arresto domiciliario en la casa de su hermana, Fiorella Jones Huala, en Bariloche.
Así, la defensa pidió que Jones Huala se liberado y que se le imponga presentarse todos los días en una comisaría como medida para controlar que no se fugue o el arresto domiciliario.
Después de las exposiciones, la Corte de Valdivia le anunció a las partes que pasaría a resolver el caso.
En tanto, Jones Huala fue trasladado el viernes pasado a la cárcel federal de Esquel, en Chubut, desde una comisaría de Río Negro a la espera que se resuelva su extradición. La jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, ordenó su arresto provisorio. En una audiencia que realizó al día siguiente de su detención el líder de la RAM se opuso a la extradición.
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