La justicia federal comenzó a investigar qué hubo detrás de la recompra de bonos en dólares que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La sospecha es que hubo inside information (información privilegiada) que permitió que ciertos operadores del mercado bursátil tuvieran ganancias de hasta 50% y por eso se quiere saber quiénes fueron los supuestos responsables de esa filtración.
Para eso, la fiscalía está pidiendo levantar el secreto bursátil de los que compraron bonos y llamar a declarar al titular de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri. La declaración es como testigo más allá de las eventuales responsabilidades que luego puedan surgir de la investigación. Así lo dictaminó el fiscal federal Ramiro González, quien le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti abrir la investigación y llevar adelante una serie de medidas.
Según el dictamen, al que accedió Infobae, la causa quiere “establecer si la actividad del mercado de capitales en fechas anteriores a la Resolución nro.1/23, respecto a los bonos allí detallados, estuvo asociada a una filtración de información sensible por parte de las personas que tuvieron conocimiento previo de dicha resolución, lo que habría permitido a algunos particulares privilegiados hacerse con beneficios económicos extraordinarios”. También se quiere saber “si hubo un ataque especulativo contra la moneda nacional que el Poder Ejecutivo Nacional procuró desactivar con la medida de recompra de deuda en moneda extranjera”.
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Todo ocurrió la semana pasada cuando los mercados reportaron un llamativo interés por ciertos títulos públicos mientras subía el precio del dólar. El miércoles por la mañana, Massa anunció que la Argentina iba a recomprar deuda pública por más de mil millones de dólares para “seguir mejorando el perfil de deuda del país y continuar bajando el riesgo país”. El mensaje había sido grabado la noche anterior. En ese contexto, la oposición advirtió sobre los volúmenes de operaciones de los días anteriores. “Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente”, escribió el ex ministro de Hacienda del macrismo Alfonso Prat Gay.
En los tribunales de Retiro se radicaron dos denuncias. La primera, el jueves pasado, fue hecha por el abogado Ignacio Abel Uriburu, quien pidió investigar los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública, violación de secretos, violación de los deberes de funcionario público y abuso de información privilegiada”.
La segunda denuncia, en tanto, recayó el viernes y fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. “Hay agentes pasibles de haber fomentado una corrida cambiaria, manipulando el mercado para generar pánico y forzar una dolarización entre ahorristas argentinos que, sabemos, son muy sensibles a las fluctuaciones bruscas en las cotizaciones del dólar”, dijo. “Si hubo alguien que hizo esto necesariamente estuvo operando el GD30 comprando con pesos y/o vendiendo contra USD, especialmente los días 16 y 17 de enero, días de elevado volumen en la ronda de negociación en pesos”. Y agregó que “están quienes podrían haber utilizado información privilegiada asociada al anuncio de la recompra para obtener una ganancia por un aumento del precio en USD del bono”.
El mismo viernes, el ministro Massa ordenó abrir una investigación interna sobre “la posible filtración de información sensible; la existencia de maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos en mercados regulados por la CNV bajo distintas monedas de liquidación con el objetivo de manipular la plaza y generar un alza en las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos comúnmente conocidos como dólar MEP y dólar Contado con Liquidación (CCL); y la identificación de los posibles beneficiarios de esas maniobras”.
También se indicó al titular de la CNV que se presentara ante la Justicia. Allí se daba cuenta de la segunda denuncia, radicada ese día, y que había recaído ante el juzgado federal 6, hoy a cargo interinamente del juez Daniel Rafecas.
Como se tratan del mismo hecho denunciado, las demandas se acumularon donde se radicó la primera: en el juzgado de Capuchetti, quien corrió vista a la fiscalía para que evaluara impulsar la investigación. Eso fue lo que hizo en su dictamen el fiscal González, que detalló que hasta el momento la causa no tiene imputados. Eso surgirá, eventualmente, de la recolección de información que está pidiendo ordenar a la jueza.
Según pudo saber Infobae, el representante del Ministerio Público reclamó que Economía explique cómo se realizó el proceso de recompra de los bonos a partir de dicha resolución. Quiere el detalle de qué bonos efectivamente fueron objeto de la medida, y si con posterioridad a la fecha (18-01-23) estos subieron su cotización en comparación con sus valores históricos.
El fiscal también reclamó levantar el secreto bursátil para que “se le requiera a la Comisión Nacional de Valores las listas de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos denominados en dólares, en las semanas previas a la implementación de la decisión del gobierno nacional de recompra de deuda en moneda extranjera”, señalaron las fuentes consultadas.
Otra de las medidas para avanzar la investigación apunta a que el Banco Central de la República Argentina informe, en calidad de agente financiero del Tesoro, de qué forma operó la recompra dispuesta por la Resolución nro. 1/2023.
Y, en ese contexto, González planteó llamar a declarar como testimonial al presidente de la CNV Sebastián Negri, a quien Massa instruyó esclarecer lo sucedido. “Sin perjuicio que, de la descripción de los hechos antes efectuada se podrían calificar prima facie en figuras cuyo sujeto activo resultan ser, entre otros, funcionarios y/o empleados púbicos vinculados al control, supervisión o implementación de acciones en el Mercado de Capitales, se cite a prestar declaración testimonial al presidente de la Comisión Nacional de Valores, a los efectos de que declare respecto a la investigación ordenada por el Sr. Ministro de Economía, como así también sirva explicar cuáles serían los factores que pueden determinar un incremento del volumen operado en bonos de estas características, y en términos generales explique cómo materialmente se efectúan estas compra-venta de volúmenes negociables en la bolsa de dinero”, dijo el Ministerio Público.
A la vez, la fiscalía solicitó requerir a las Secretarías de Hacienda y a la Secretarías de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación la remisión del expediente registrado bajo el N° EX2023-06463716-APN- DGDA#MEC, el cual dio origen a la resolución conjunta 1/2023 de fecha 18/01/2023. La investigación está en marcha.
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