El juez federal Ariel Lijo le solicitó colaboración a la Unidad fiscal de Investigación sobre el PAMI -que depende de la Procuración General de la Nación - para conseguir información sobre la compra de cotillón realizada por la obra social de los jubilados para celebrar el mundial de Qatar.
La Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral más conocida como UFI-PAMI, es una de las fiscalías especializadas de la Procuración General de la Nación. Y se encarga de realizar investigaciones sobre el PAMI y formular las denuncias en caso de que se descubrieran delitos cometidos en la obra social.
El juez le pidió a la UFI-PAMI que aporte información en un expediente que se inició en noviembre de 2022 a partir de una denuncia de Graciela Ocaña, diputada nacional por la oposición. Ocaña había denunciado a Luana Volnovich, Directora Ejecutiva del PAMI por haber comprado cotillón para que los jubilados usaran durante el mundial de Qatar: el monto de la adquisición fue de 14 millones de pesos.
Ocaña señaló que la compra de varios artículos se mediante un procedimiento de compulsa abreviada a la que se presentó un solo oferente: una empresa llamada “La comuna Atesh S.R.L”. A través de la compra 85/22 realizada por el PAMI se adquirieron 5.000 banderas argentinas, 5.000 galeras argentinas, 5.000 sets de maquillajes con los colores argentinos, 2.500 porras blancas, 2.500 porras celestes, 5.000 sombreros tipo arlequín de Argentina y 5.000 vuvuzelas celestes y blancas.
Según se estableció en la denuncia, cada bandera costó $125 y un total de $625.000; cada galeras tuvo un precio $1068,80 y un total de $5.344.000; cada kit de maquillajes cotizó $575 y sumó $2.875.000. Cada una de las porras se pagó a $120,49 y lo que totalizan $602.510; en tanto por cada sombrero arlequín se abonó $585, lo que suma unos $2.925.000; y por una vuvuzela se pagó $341,60, lo que significó un monto de $1.708.000. El total de la compra alcanzó la cifra exacta de $14.079.450.
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Según explicó hace poco Volnovich el cotillón se repartió en los denominados “puntos de aliento”, lugares en los que los jubilados vieron los partidos de la Selección dirigida por Lionel Scaloni. La funcionaria, que responde a La Cámpora, presentó lo sucedido durante el Mundial como uno de los logros del año 2022.
El caso le tocó por sorteo al juzgado federal 12 que se encuentra vacante y es subrogado por Lijo. Interviene la fiscalía 7 que está a cargo de Ramiro González. Cuando tuvo que intervenir al momento del inicio de la causa González estaba de licencia y lo reemplazó por esos días el fiscal Eduardo Taiano. Fue Taiano quien impulsó la acción penal. En la lista de los imputados iniciales aparecen los siguientes funcionarios del PAMI: Santiago Augusto Corvalán Olivera, Gerente de Administración; Diego Sebastián Aysine, Jefe de Departamento de la Gerencia de Participación e Inclusión Social; Franco Di Giorgio, Jefe de Departamento de la Gerencia de Administración; Facundo Javier Zarate, Gerente de Organización y Vinculación Social; Plácido Ramiro Gómez, Gerente de Participación e Inclusión Social; Diego Guillermo Sirito, Subgerente de la Gerencia de Administración; Andrea Zamorano, jefa de división y Cintia Celeste Góngora, asesora legal. También fueron imputados Noelia Yamila Cabrera y Franco Lionel De Roque, los dueños de la empresa favorecida por la compra. En la denuncia se destacó que la dirección de la empresa es una casa particular, que la compañía no tenía antecedentes y que había sido inscripta en los registros oficiales con celeridad y en fecha cercana a la presentación de la oferta. Fue la única empresa que cotizó en el procedimiento de compra abreviado permitido por las disposiciones -reformuladas por la actual administración- del PAMI. La denuncia de Ocaña señaló también que se pagaron sobreprecios.
Volnovich y su segundo -Jorge Martín Rodríguez Alberti- aparecen como los principales denunciados por Ocaña pero no fueron imputados por el fiscal. Taiano en su requerimiento de instrucción señaló sobre los imputados que: “Ello no obsta que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que hayan intervenido en los hechos denunciados”.
Al impulsar la acción penal el fiscal le pidió al juez que se corrobore toda la información sobre el domicilio de la empresa y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires envíe al juzgado toda la documentación de “La Comuna Atesh S.R.L”. También solicitó que la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) y la Inspección General de Justicia (IGJ) enviaran información sobre la empresa. En la causa se investigan varios procesos de compras relacionados con el Mundial que ganó Argentina de la mano de Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol del planeta.
En aquel requerimiento Taiano había solicitado la colaboración de la UFI-PAMI que encabeza el fiscal Javier Arzubi Calvo. En los últimos días del año Lijo pidió que la UFI-PAMI sume al expediente el régimen de compras y contrataciones del PAMI y todas las disposiciones sobre el manejo de fondos de la obra social de los jubilados. Lijo le requirió a la UFI-PAMI copia digital del expediente EX-2022-113321302-INSSJP-GPEIS#INSSJP mediante el que se llevó a cabo la contratación 85/22. Y también toda la documentación relacionada con la entrega de los bienes licitados y comprobantes de depósito y/o transferencia de dinero que el PAMI realizó con motivo de la compra de cotillón.
Cuando en febrero se reanude la actividad judicial la UFI-PAMI comenzará a enviar la información solicitada por el juzgado.
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