La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) ha recomendado aplicar 1,128 sanciones a miembros de la Policía Nacional durante 2026, luego de identificar algún grado de responsabilidad en los hechos denunciados e investigados, informó su directora, Silvia Marcela Amaya.
En una entrevista con Proceso Digital, la funcionaria detalló que la institución ha recibido más de 3,000 denuncias y desarrollado entre 3,000 y 3,500 investigaciones disciplinarias en lo que va del año. Además, ha celebrado entre 1,000 y 1,500 audiencias de descargo para que los policías señalados puedan ejercer su derecho a la defensa.
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Las recomendaciones emitidas contemplan diferentes medidas disciplinarias, que van desde suspensiones y deducciones salariales hasta la cancelación del nombramiento del agente involucrado, dependiendo de la gravedad de las faltas y de los resultados de cada expediente.
Amaya aclaró que la DIDADPOL no tiene facultades para ejecutar directamente los despidos, sino que su función consiste en investigar los hechos, establecer si existe responsabilidad administrativa y recomendar la sanción correspondiente. La decisión final sobre su aplicación recae en el titular de la Secretaría de Seguridad.
La directora también explicó que no todas las denuncias concluyen con una sanción, debido a que durante el proceso pueden encontrarse elementos que descarten la responsabilidad del agente o justifiquen su actuación.
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Entre las conductas que pueden provocar la separación de un miembro de la Policía Nacional, Amaya mencionó la negligencia grave, el uso indebido de patrullas y uniformes para actividades ajenas al servicio, la solicitud de dádivas y los actos de corrupción.
La funcionaria señaló que también se investigan comportamientos en los que los agentes aprovechan su cargo para realizar acciones contrarias a la legalidad y a los principios éticos que deben regir el trabajo policial.
En estos casos, una misma conducta puede generar consecuencias tanto en el ámbito administrativo como en el penal. Por esa razón, cuando la DIDADPOL identifica indicios de la posible comisión de un delito, remite el expediente al Ministerio Público (MP) para que esa institución desarrolle las investigaciones correspondientes.
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La directora indicó que esta coordinación también se aplica en expedientes relacionados con policías sospechosos de mantener vínculos con estructuras criminales, narcotráfico o extorsión.
En esas situaciones, la DIDADPOL desarrolla las diligencias dentro de sus competencias y, si encuentra responsabilidad administrativa, puede recomendar la separación del agente, independientemente de las actuaciones que se realicen en el ámbito penal.
Amaya sostuvo que la institución puede continuar una investigación disciplinaria incluso cuando un expediente penal haya sido cerrado, debido a que ambos procedimientos tienen objetivos y naturalezas jurídicas diferentes.
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Uno de los principales desafíos de la institución es el tiempo establecido para resolver los expedientes. Según explicó Amaya, la legislación fija un plazo de 75 días hábiles para concluir una investigación disciplinaria, contado desde que la DIDADPOL tiene conocimiento del caso.
Sin embargo, cuando existen circunstancias particulares que justifican una ampliación, el período puede extenderse por otros 30 días hábiles, lo que establece un límite máximo de 105 días hábiles para emitir una resolución.
Al finalizar ese procedimiento, la institución debe determinar si corresponde recomendar una sanción o archivar el expediente, según los elementos recopilados durante las diligencias.
La funcionaria reconoció que ese plazo representa una dificultad cuando se trata de investigaciones complejas, especialmente las relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado o el lavado de activos, debido a que requieren más diligencias para establecer responsabilidades.
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A esta situación se suma la limitada capacidad operativa de la DIDADPOL, que debe atender las denuncias contra una institución policial que supera los 24,000 miembros, pese a las restricciones de personal y presencia territorial.
Amaya explicó que los agentes señalados generalmente continúan desempeñando sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario, debido a que la presentación de una denuncia no significa que exista una responsabilidad comprobada.
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