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Identifican red transnacional de tráfico de migrantes en Honduras vinculada con la muerte de 53 personas en Texas

Una estructura integrada presuntamente por hondureños, guatemaltecos y mexicanos operaba desde Omoa, Cortés, captando personas y coordinando su traslado clandestino hacia Estados Unidos

La estructura cobraba hasta USD 25.000 por migrante para llevarlo de Honduras a Estados Unidos.

Hasta $25.000 (672 mil lempiras) por persona cobraba una presunta organización criminal transnacional para trasladar migrantes desde Honduras hasta Estados Unidos, mediante una ruta clandestina que atravesaba Guatemala y México y que terminó vinculada con la muerte de 53 personas en San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022.

Entre las víctimas de aquella tragedia se encontraban siete hondureños, incluidas Karla Verónica López España y Adela Betulia Ramírez Quezada, cuyos últimos desplazamientos forman parte de una investigación que busca identificar a los responsables de organizar y facilitar el recorrido que terminó en el interior de un tráiler, donde los migrantes murieron por hacinamiento, asfixia y deshidratación.

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Las indagaciones, desarrolladas por la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), dependiente de la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras, permitieron identificar a varios presuntos integrantes de una red conformada por ciudadanos de Honduras, Guatemala y México, quienes habrían distribuido sus funciones para captar migrantes, negociar los pagos, coordinar los traslados y garantizar su movilización entre los distintos países.

Uno de los principales puntos de operación de la estructura se encontraba en Omoa, departamento de Cortés, en Honduras desde donde presuntamente se organizaba la salida de personas hacia Guatemala para continuar por territorio mexicano hasta alcanzar la frontera estadounidense.

Una red organizada en tres países

En Honduras, una de las principales sospechosas, conocida con el alias de “Ángela”, habría asumido tareas de captación y coordinación de personas interesadas en viajar irregularmente hacia Estados Unidos.

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Entre sus presuntas funciones figuraban negociar los costos del traslado, organizar la logística y facilitar la salida de los migrantes mediante puntos fronterizos no habilitados.

La estructura también habría contado con la colaboración de familiares y otros participantes encargados de recibir dinero y coordinar los desplazamientos en las diferentes etapas del recorrido.

Una vez que los migrantes salían de Honduras, otros operadores en Guatemala y México presuntamente asumían la responsabilidad de facilitar su transporte, alojamiento y movilización hasta la zona fronteriza del norte mexicano.

Una mujer identificada con el alias de "Ángela" coordinó la captación de viajeros y las salidas por pasos fronterizos no autorizados.(AP Photo/Eric Gay, File)

Negocio ilegal

De acuerdo con los elementos investigativos, inicialmente se ofrecían paquetes de traslado por aproximadamente USD 15.000, cantidad que supuestamente cubría transporte, alojamiento y alimentación durante el recorrido.

Para recibir y distribuir el dinero, los presuntos integrantes utilizaban transferencias internacionales y depósitos mediante plataformas como MoneyGram, Western Union e Intermex, además de pagos en efectivo y moneda extranjera.

Las investigaciones también identificaron a supuestos operadores financieros y logísticos en Guatemala y México, quienes habrían recibido distintas cantidades de dinero para garantizar la continuidad de los traslados y la custodia de los migrantes.

El recorrido de dos hondureñas

Entre los casos que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización está el de Karla Verónica López España y Adela Betulia Ramírez Quezada. Ambas mujeres comenzaron su recorrido el 26 de mayo de 2022 desde el sector de Cuyamel, en el municipio de Omoa, Cortés, acompañadas por un testigo protegido.

Luego ingresaron a Guatemala por un punto no habilitado para el control migratorio y continuaron su desplazamiento hacia México. Al llegar a la localidad de Vista Hermosa, el grupo fue dividido y las dos hondureñas siguieron su camino bajo la coordinación de otros presuntos integrantes de la estructura.

Las diligencias establecen que su movilización habría incluido vuelos locales hacia la zona fronteriza del norte de México, donde fueron entregadas a otros operadores de nacionalidad mexicana, quienes presuntamente asumieron la coordinación del último tramo hacia Estados Unidos.

Antes de iniciar el cruce clandestino, las víctimas habrían permanecido en lugares de alojamiento temporal. Según las investigaciones, les retiraban sus teléfonos celulares y quedaban incomunicadas, sin posibilidad de mantener contacto con sus familiares.

La estructura utilizó empresas de giros internacionales como Western Union, MoneyGram e Intermex para recibir los pagos.

53 muertos en un tráiler en San Antonio

El 27 de junio de 2022, las autoridades estadounidenses localizaron un tráiler en San Antonio, Texas, con decenas de migrantes en su interior. Un total de 53 personas murieron como consecuencia de las condiciones extremas en las que eran transportadas, principalmente por asfixia y deshidratación, entre ellas siete ciudadanos hondureños.

A más de cuatro años del suceso, las investigaciones en Honduras buscan establecer quiénes participaron en la captación de las víctimas, cómo se distribuyeron las responsabilidades entre los operadores de cada país y de qué manera se coordinó el recorrido que terminó con la muerte de los migrantes.

Las diligencias están a cargo de agentes de la UTIC, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), bajo la dirección técnica y jurídica del Ministerio Público, mediante la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP).

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