Gobierno de Asfura anuncia ofensiva contra el crimen en 2027 y endurece las condiciones en las cárceles de Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura anunció que intensificará su ofensiva contra el crimen organizado en Honduras a partir de enero de 2027, con más capturas, operativos policiales y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los centros penitenciarios, donde los líderes de estructuras criminales serán sometidos a un régimen de máxima seguridad sin privilegios.

El anuncio fue realizado este jueves por el director general de la Policía Nacional, comisionado Rigoberto Oseguera Mass, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la que advirtió sobre el endurecimiento de la estrategia de seguridad para el próximo año.

“Prepárense para lo que viene el próximo año”, expresó el jerarca policial, al anticipar una ofensiva más intensa contra las organizaciones delictivas que operan en el territorio hondureño.

Oseguera explicó que la Operación Escudo de Honduras ha permitido ejecutar más de 160 capturas relacionadas con las tres estructuras declaradas como asociaciones terroristas: la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo.

El funcionario aseguró que las acciones policiales continuarán y que las instituciones de seguridad tendrán mayores capacidades para enfrentar a las organizaciones criminales.

“En enero declararemos una guerra con mayor intensidad contra la criminalidad”, manifestó, al señalar que el fortalecimiento tecnológico e institucional permitirá ampliar las operaciones y mejorar los resultados de las investigaciones.

Como parte del balance de la estrategia de seguridad, el director de la Policía destacó una reducción superior al 13 por ciento en la incidencia letal durante octubre y de más del 30 por ciento en noviembre, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Según Oseguera, estas cifras reflejan los resultados de las acciones coordinadas entre las instituciones responsables de combatir la violencia y el crimen organizado.

También informó que 23 personas capturadas durante la semana anterior ya recibieron la medida de detención preventiva, un resultado que, a su criterio, demuestra la efectividad de los procedimientos judiciales impulsados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Las autoridades sostienen que la estrategia no se limitará a las detenciones, sino que buscará debilitar las estructuras criminales mediante investigaciones, procesos judiciales y restricciones a las comunicaciones de quienes dirigen actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

Oseguera también anunció que continuará el retorno seguro de hondureños que fueron desplazados de sus comunidades por amenazas, violencia y extorsión.

El funcionario aseguró que el Gobierno busca generar condiciones para que estas personas puedan regresar al país y reconstruir sus vidas sin volver a enfrentar las situaciones que las obligaron a abandonar sus hogares.

Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general Walter Amador Lacayo, detalló las nuevas condiciones que enfrentarán los líderes y miembros de estructuras criminales recluidos en los módulos de máxima seguridad.

El régimen contempla que los privados de libertad permanezcan más de 23 horas al día en confinamiento, con únicamente 30 minutos destinados a actividades físicas o reflexivas.

Entre las principales restricciones se encuentra la eliminación de las visitas familiares y conyugales, así como la limitación de las comunicaciones telefónicas a una llamada de apenas 10 minutos al mes.

Además, los reclusos únicamente podrán recibir visitas de sus defensores legales, bajo estrictos controles de seguridad y sin contacto físico.

Amador Lacayo también explicó que el INP ha ejecutado traslados masivos de privados de libertad con el propósito de descongestionar algunos centros penitenciarios y separar a integrantes de organizaciones criminales.

Como parte de estas acciones, el funcionario informó que durante la última semana fueron reubicados 564 privados de libertad desde el centro penitenciario de Morocelí, El Paraíso, conocido como La Tolva.

Asimismo, este jueves se realizó el traslado de otros 106 internos, identificados como líderes y mandos medios de estructuras criminales, desde los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva.

Los reclusos fueron trasladados hacia los módulos de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional, ubicada en la aldea de Támara, Francisco Morazán.

El ministro de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez, afirmó que la administración de Nasry Asfura mantiene en marcha una política nacional de combate a la criminalidad, cuyos resultados, aseguró, comienzan a reflejarse en la reducción de homicidios y las operaciones ejecutadas en diferentes sectores del país.