La protección de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano quedará bajo un régimen de emergencia ambiental durante los próximos 36 meses, luego de que el Consejo de Secretarios de Estado aprobara un decreto ejecutivo orientado a frenar el deterioro de esta área protegida, considerada uno de los principales patrimonios naturales de Honduras.
La decisión contempla una inversión de 1.500 millones de lempiras (aproximadamente USD 57,7 millones), para el período comprendido entre 2027 y 2029. Los recursos se distribuirán entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
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El plan contempla una intervención coordinada de estas instituciones para enfrentar las principales amenazas que afectan a la reserva: la tala y la deforestación, el avance de la actividad ganadera y otras prácticas ilegales que presionan los ecosistemas de la zona.
La medida fue aprobada durante una reunión virtual del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Nasry Asfura y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García. En la sesión también se discutieron y aprobaron otras disposiciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la organización de los mecanismos de inversión público-privada.
La declaratoria establece un período de intervención de tres años, durante el cual las instituciones involucradas deberán coordinar sus capacidades y recursos para atender las condiciones que amenazan la conservación de la reserva.
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El ministro asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que la iniciativa busca establecer responsabilidades institucionales y garantizar recursos para desarrollar acciones sostenidas de protección ambiental. Zacapa señaló que el propósito es recuperar un patrimonio natural que pertenece a Honduras y que tiene reconocimiento internacional por su importancia ecológica.
Frenar la deforestación y expansión ganadera
La Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano alberga ecosistemas tropicales y una amplia diversidad de especies, además de comunidades que mantienen una relación histórica con el territorio. Su conservación representa un desafío para las autoridades debido a las presiones que ejercen las actividades humanas sobre los bosques y los recursos naturales.
La intervención tendrá como uno de sus principales objetivos frenar la pérdida de cobertura forestal, un problema vinculado al avance de actividades productivas y a la ocupación de terrenos dentro de zonas ambientalmente sensibles.
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Entre los factores señalados por las autoridades figura la expansión de la ganadería, actividad que puede provocar cambios en el uso del suelo cuando avanza sobre áreas boscosas. A esto se suman otras actividades ilícitas que afectan los ecosistemas y dificultan las labores de vigilancia y conservación.
La participación de la Serna, la Sedena y el ICF plantea una respuesta conjunta desde diferentes ámbitos institucionales. Mientras las autoridades ambientales y forestales tienen responsabilidades relacionadas con la conservación y la protección de los recursos naturales.
Los 1.500 millones de lempiras anunciados para los tres años constituyen el monto global previsto para ejecutar estas acciones. Sin embargo, la información divulgada tras el Consejo de Ministros no detalla cuánto recibirá cada institución, cómo se distribuirán los desembolsos anuales ni cuáles serán los indicadores específicos para medir los resultados de la intervención.
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La declaratoria coloca sobre las instituciones responsables el desafío de traducir la asignación presupuestaria en la reducción de la deforestación, el control de actividades ilegales y la recuperación de zonas afectadas.
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