El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respaldó los cambios en el gabinete del presidente Nasry Asfura, aunque condicionó su apoyo a que las destituciones se traduzcan en mejoras concretas en el funcionamiento del Estado.
El directivo Daniel Fortín sostuvo que los cargos públicos deben estar sujetos a resultados y responsabilidades, y no a compromisos políticos.
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Fortín afirmó que, aunque los cambios de equipo suelen producirse después del primer año de gestión, el presidente tiene la facultad de realizar ajustes antes si considera que determinados titulares no cumplen con sus funciones. Mantener en sus puestos a funcionarios que no alcanzan los objetivos esperados puede afectar el desempeño de las instituciones, argumentó.
“Si él considera que las personas que removió de su cargo no están dando el ancho que se necesita, está bien que los haya cambiado”, dijo.
Más allá de respaldar las destituciones, el empresario plantea que los movimientos deben funcionar como advertencia para los funcionarios que permanecen en sus cargos. Los ministros y titulares de las distintas dependencias deben acelerar sus actividades y asumir con mayor responsabilidad las obligaciones de sus puestos, sostuvo, en particular ante una población que espera respuestas a los principales problemas del país.
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La expectativa del sector empresarial es que los cambios no se limiten a sustituir nombres dentro del aparato gubernamental, sino que permitan mejorar el funcionamiento de las instituciones.
Rotación y resultados
El desempeño de los funcionarios debería convertirse en el principal parámetro para evaluar su permanencia en el Gobierno, con independencia de las relaciones políticas que hayan facilitado su llegada a la administración pública.
Fortín señaló que Honduras necesita consolidar una carrera del funcionario públic, uno de los obstáculos para alcanzar una administración pública eficiente, a su juicio, es la sustitución constante de empleados y autoridades cada vez que se produce un cambio de Gobierno. Esa práctica dificulta dar continuidad a los procesos institucionales.
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De igual forma cuestiona que que los puestos públicos se conviertan en espacios de recompensa por compromisos políticos o participación en campañas electorales, en lugar de responder a criterios técnicos y profesionales.
La meritocracia permitiría reducir la influencia de los intereses partidarios en la administración estatal y fortalecer la capacidad institucional, al mantener en los cargos a quienes demuestren las competencias necesarias para desempeñarlos.
Un plan de país que trascienda
Fortín planteó la necesidad de que Honduras cuente con una estrategia nacional de desarrollo que no dependa de la administración presidencial de turno. Consideró necesario establecer un plan de país con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo, de modo que las políticas públicas mantengan una dirección con independencia de los cambios políticos.
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La falta de continuidad administrativa representa un problema cuando cada nuevo Gobierno modifica prioridades, sustituye equipos técnicos o abandona iniciativas en ejecución sin una evaluación previa de sus resultados. El país necesita construir una visión de desarrollo que permita dar seguimiento a los proyectos y fijar metas que distintas administraciones puedan asumir, sostuvo.
La propuesta apunta a reducir la práctica de comenzar de cero cada cuatro años, una situación que puede retrasar inversiones, debilitar la planificación estatal y dificultar el cumplimiento de objetivos nacionales.
Fortín señaló también que el Gobierno debe mejorar la comunicación sobre las acciones que está desarrollando. Consideró importante que las autoridades expliquen a la población cuáles son las prioridades de la administración, qué medidas están ejecutando y hacia dónde pretenden conducir al país.
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