El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, habilitó la línea telefónica 8791-2158 para que integrantes de maras, pandillas y del Cártel del Diablo puedan entregarse voluntariamente a las autoridades y someterse a la justicia.
La iniciativa busca establecer un canal directo para quienes decidan abandonar estas organizaciones criminales, en medio del endurecimiento de las medidas legales contra la delincuencia organizada.
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Durante la presentación de la medida, Oseguera Mass lanzó una advertencia a los integrantes de estas estructuras: «Entréguense o serán perseguidos».
El jefe policial señaló que personal especializado en el tratamiento de testigos atenderá las llamadas de quienes estén interesados en coordinar su entrega.
La institución busca facilitar el contacto con las autoridades y ofrecer una vía para que los miembros de estas organizaciones se presenten ante la justicia.
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La habilitación del número telefónico se produce en un contexto de mayor presión policial y de nuevas disposiciones legales orientadas a endurecer las sanciones contra las estructuras criminales que operan en el país.
«Es el número al que pueden llamar. Personal especializado en tratamiento de testigos les va a atender», reiteró el director policial durante el anuncio.
La advertencia de Oseguera Mass combina la posibilidad de una entrega voluntaria con el mensaje de que los operativos de búsqueda y captura continuarán contra quienes permanezcan en estas organizaciones.
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La Policía Nacional mantiene acciones a escala nacional para localizar a sus integrantes.
Las reformas recientes al Código Penal hondureño endurecieron las sanciones para los grupos criminales catalogados como terroristas.
Según la información proporcionada sobre la normativa vigente, los integrantes de estas estructuras pueden enfrentar penas de entre 30 y 40 años de prisión, mientras que para los cabecillas se contemplan condenas de 40 años hasta cadena perpetua.
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Estas disposiciones forman parte de las medidas con las que las autoridades buscan combatir las maras, pandillas y otras organizaciones criminales.
La aplicación de las sanciones corresponde a los procedimientos judiciales establecidos en la legislación hondureña.
Además de las reformas penales, el Congreso Nacional aprobó un régimen penitenciario especial para los integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas.
La disposición quedó establecida en el Decreto 208-2026 y contempla condiciones de reclusión más restrictivas en los centros de máxima seguridad.
Los traslados fuera de las celdas deberán realizarse bajo escolta permanente y conforme a horarios establecidos por las autoridades penitenciarias.
También se contempla vigilancia reforzada mediante cámaras y sensores, además de requisas diarias para controlar las condiciones de seguridad dentro de los recintos.
Las nuevas disposiciones establecen limitaciones al acceso de dispositivos electrónicos y artículos procedentes del exterior. Los reclusos no podrán utilizar teléfonos, computadoras, televisores ni radios, y tampoco podrán recibir dinero en efectivo, objetos de valor, alimentos o bebidas de personas externas.
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En cuanto a las visitas, el régimen limita el ingreso de los abogados defensores a una visita semanal.
Los familiares necesitarán permisos especiales y no podrán mantener contacto físico durante los encuentros. Asimismo, la normativa prohíbe las visitas conyugales.
Las comunicaciones telefónicas quedarán restringidas a una llamada mensual de diez minutos, grabada y dirigida a números previamente autorizados. La correspondencia enviada y recibida también estará sujeta a revisión por parte de las autoridades penitenciarias.
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Las condiciones de movilidad dentro de los centros serán igualmente limitadas. Los internos dispondrán de treinta minutos diarios de ejercicio en los pasillos de sus módulos, mientras que el tiempo de permanencia en los patios no podrá superar una hora semanal.
El personal penitenciario exigirá el uso permanente de un uniforme especial y las comparecencias judiciales se desarrollarán mediante videoconferencias, con el propósito de evitar traslados fuera de los recintos carcelarios.
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