El Congreso de Honduras declaró que el Decreto Legislativo 08-2023, relacionado con la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, no cumplió los requisitos constitucionales para convertirse en una norma válida.
La decisión se produjo después de que se conociera que el documento había sido publicado en La Gaceta el 22 de enero de 2026, casi tres años después de que la entonces presidenta Xiomara Castro lo vetara y lo devolviera al Poder Legislativo.
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La normativa había sido aprobada inicialmente el 8 de marzo de 2023. Sin embargo, tras el veto presidencial, el Congreso debía reconsiderar el proyecto y, para ratificarlo, necesitaba el respaldo de al menos dos tercios de sus integrantes, equivalentes a 86 votos, según el procedimiento constitucional señalado por el Legislativo.
Esa ratificación no consta en el expediente, de acuerdo con la resolución aprobada. Por esa razón, el pleno sostuvo que la publicación en el diario oficial no podía sustituir el procedimiento legislativo pendiente ni otorgar validez jurídica al decreto.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que es necesario investigar cómo un documento que había recibido un veto presidencial terminó publicado oficialmente.
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Zambrano aclaró que no pretende atribuir responsabilidades anticipadamente, pero consideró necesario establecer qué instituciones intervinieron en el trámite y si se incumplieron las disposiciones constitucionales.
Como parte de la decisión, se dispuso que la Secretaría del Congreso y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) recopilen y remitan al Ministerio Público la documentación relacionada con la tramitación y publicación del decreto.
Qué establecía la ley
Los antecedentes incluyen oficios, comunicaciones, certificaciones y constancias de recepción que permitan reconstruir el recorrido del documento desde su devolución por el Ejecutivo hasta su aparición en La Gaceta.
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La eventual existencia de responsabilidades administrativas o penales deberá determinarse mediante las actuaciones de las autoridades competentes. La declaración del Congreso no constituye por sí misma una sentencia sobre la responsabilidad de alguna persona.
La Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente buscaba incorporar contenidos educativos orientados a prevenir los embarazos durante la adolescencia en el sistema educativo hondureño.
La iniciativa contemplaba la incorporación de información y contenidos pedagógicos adaptados a las distintas etapas escolares, con participación de las autoridades educativas en la elaboración de materiales y su integración en el currículo.
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El proyecto generó controversia política desde su aprobación en 2023 y fue vetado por Castro. La discusión actual, sin embargo, se centra en el procedimiento seguido para su publicación, no en una nueva evaluación legislativa de sus contenidos.
El Ministerio Público y la investigación
La remisión de los antecedentes busca esclarecer cómo llegó el decreto a la imprenta oficial y qué actuaciones permitieron su publicación pese al veto presidencial.
El Ministerio Público deberá examinar la documentación y determinar, dentro de sus atribuciones, si existen elementos para iniciar una investigación formal o adoptar otras medidas.
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El caso también pone bajo escrutinio el proceso de formación de las leyes en Honduras, en particular la coordinación entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y la institución responsable de publicar las normas oficiales.
La decisión del Legislativo establece que la publicación del Decreto 08-2023 no cumplió el procedimiento constitucional requerido. La investigación deberá aclarar las circunstancias del caso y determinar si hubo responsabilidades en la tramitación del documento.
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