El Congreso Nacional de Honduras inició un proceso de consulta con distintos sectores para discutir posibles reformas al régimen penal juvenil, entre ellas la reducción de la edad punible y el aumento de las penas aplicables a menores de 18 años.
El encuentro tuvo como objetivo conocer las observaciones de esas instituciones sobre las medidas de seguridad planteadas por el Legislativo y recoger propuestas que puedan incorporarse al dictamen de las reformas.
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La presidenta de la comisión, la diputada liberal por Cortés Alejandra Vallecillo, señaló que el proceso busca escuchar a los distintos sectores antes de avanzar con la elaboración del documento legislativo.
“Vamos a escucharlos y analizar las propuestas que traen en este tema específico de la edad punible y de menores infractores, y las propuestas que traen para la elaboración del dictamen”, expresó.
163 adolescentes recluidos
Entre las cifras expuestas sobre el sistema penal juvenil figuran 163 adolescentes recluidos en distintos centros de detención y otros 1.276 que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad.
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Más de 20.000 adultos permanecen privados de libertad en Honduras, una cifra que dimensiona la población penitenciaria del país, aunque corresponde a un régimen distinto del juvenil.
Esos datos forman parte del contexto para discutir las medidas de seguridad y las posibles modificaciones a las sanciones aplicables a los adolescentes que cometen infracciones penales.
La información disponible sobre la reunión no detalla qué edad mínima se propone establecer para la responsabilidad penal, cuánto aumentarían las penas ni qué delitos quedarían comprendidos en los posibles cambios.
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Derechos humanos ante la reforma
La participación de organismos judiciales, entidades de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez busca incorporar distintas perspectivas al análisis legislativo.
La discusión también plantea la necesidad de precisar cómo se aplicarían los eventuales cambios al régimen juvenil y qué mecanismos acompañarían su implementación. Una vez examinadas las propuestas, la comisión deberá determinar qué modificaciones recomienda y cuáles serán los siguientes pasos para que la iniciativa continúe su trámite en el Congreso Nacional.
La Red Coiproden también se ha pronunciado contra la reducción de la edad punible y ha defendido una respuesta centrada en la prevención, la protección de la niñez y el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil, además, propuso fortalecer la justicia restaurativa y la inversión en educación, desarrollo infantil, empleo juvenil y espacios culturales y deportivos.
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Mientras que, la directora de Casa Alianza Honduras, Cándida Sauceda, también cuestionó la propuesta y advirtió que aumentar las penas o reducir la edad punible no garantiza una disminución de la criminalidad y sostuvo que muchos adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado, amenazas y manipulación por parte de estructuras del crimen
Por su parte, Naciones Unidas en Honduras ha recordado que el país cuenta con un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 12 y 18 años y que los menores no están exentos de responder ante la justicia.
Durante este proceso ,a primera reunión fue convocada por la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, que recibió a representantes de la Defensa Pública de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), y la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ada María Mejía.
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