La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras entró en una fase de planificación luego de que el Congreso Nacional aprobara una moción para que varias instituciones del Estado busquen los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.
La aprobación de la moción no significa que el presupuesto de construcción ya esté definido ni que las obras hayan comenzado. Por ahora, el proceso se concentra en cuantificar la inversión, identificar posibles fuentes de financiamiento y determinar el terreno donde se levantará el establecimiento.
PUBLICIDAD
Entre las alternativas planteadas figura el financiamiento nacional, la colocación de bonos y la contratación de préstamos internacionales. Sin embargo, las autoridades todavía no han divulgado un monto oficial para el proyecto ni han precisado cuánto aportaría cada fuente.
El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que se iniciarán los estudios correspondientes para determinar cuánto costaría la obra, mientras que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que la gestión de fondos involucrará al Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad y otras dependencias gubernamentales.
Uno de los primeros pasos será establecer el costo de construcción y las necesidades técnicas del nuevo centro penitenciario. Para ello, según lo anunciado por Hércules, se iniciarán los estudios que permitan cuantificar la obra.
PUBLICIDAD
El cálculo deberá servir de base para evaluar las opciones de financiamiento y definir cómo se cubrirá la inversión. Además del costo de construcción, el proyecto requerirá precisar las necesidades de equipamiento, seguridad, personal y operación del establecimiento, aspectos que incidirán en el gasto público a largo plazo.
Para este día se sostendrá una reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el INP, Finanzas y la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.
Las posibles ubicaciones
La selección del terreno es otro de los asuntos pendientes. El INP deberá designar el lugar donde se construirá el establecimiento, destinado principalmente a personas privadas de libertad identificadas como integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales sujetas al régimen especial de reclusión.
PUBLICIDAD
En las discusiones previas sobre el proyecto se ha mencionado a Naco, Santa Bárbara, como una posible ubicación. No obstante, la información divulgada hasta ahora no confirma que ese lugar haya sido seleccionado de manera definitiva.
La decisión sobre el terreno deberá integrarse a la planificación técnica, junto con la evaluación de las condiciones necesarias para construir y operar una instalación de máxima seguridad.
Las autoridades tampoco han detallado públicamente la capacidad que tendría el nuevo centro, el plazo definitivo de construcción ni el modelo de administración que se utilizaría.
PUBLICIDAD
Zambrano justificó la iniciativa al señalar que las reformas penales pendientes de aprobación podrían aumentar la cantidad de personas enviadas a prisión, lo que, según advirtió, presionaría la capacidad operativa de los centros penitenciarios existentes.
El proyecto se plantea en el contexto de las medidas aprobadas en septiembre para endurecer las condiciones de reclusión de personas identificadas como integrantes de grupos declarados terroristas.
Las reformas contemplan un régimen especial de máxima seguridad, restricciones de comunicación y visitas, vigilancia reforzada y otras medidas de control penitenciario. La normativa correspondiente fue publicada en La Gaceta, diario oficial de Honduras, el 26 de septiembre de 2026.
PUBLICIDAD
Influencia del modelo Salvadoreño
La iniciativa tomó impulso después de una visita de diputados hondureños al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conocieron aspectos del modelo penitenciario aplicado por ese país para recluir a integrantes de organizaciones criminales.
La eventual adopción de un modelo similar al salvadoreño requeriría definir qué elementos se incorporarían al sistema hondureño y cómo se aplicarían dentro del marco jurídico nacional.
El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, respaldó la construcción de la nueva cárcel y sostuvo que el Estado debe aplicar medidas estrictas contra quienes sean responsables de delitos graves.
PUBLICIDAD
Con la moción aprobada, las siguientes etapas consisten en cuantificar la inversión, definir el terreno, establecer las fuentes de financiamiento y precisar las condiciones técnicas para construir y operar el centro penitenciario.
PUBLICIDAD