Honduras evitó el pago de USD 460 millones (equivalente a 12,350 millones de lempiras) al obtener un fallo favorable en un arbitraje internacional presentado por la empresa mexicana JLL Capital, que alegaba expropiación e injusticia en el trato a su inversión en el país centroamericano.
La decisión representa un resultado favorable para el Estado hondureño en el arbitraje identificado como ARB/23/3, presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial que resuelve disputas entre Estados e inversores privados.
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La compañía alegaba que Honduras había expropiado su inversión en su subsidiaria CA Capital y le había denegado justicia, en presunta violación del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.
El tribunal arbitral resolvió el pasado 30 de septiembre las objeciones de jurisdicción planteadas por la Procuraduría General de la República (PGR), que actuó en representación del Estado hondureño. Por mayoría, los árbitros concluyeron que el organismo no tenía competencia para conocer la disputa.
Con esta resolución, Honduras evita la obligación de pagar los USD 460 millones reclamados en este proceso, suma equivalente a aproximadamente 12.180 millones de lempiras, según un tipo de cambio referencial de 26.48 lempiras por dólar.
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Por qué el tribunal rechazó la demanda
De acuerdo con el comunicado de la PGR, la decisión se fundamentó en que la controversia involucra medidas relacionadas con servicios financieros, materia excluida del capítulo de protección de inversiones del tratado invocado por la empresa demandante.
El tribunal también rechazó la petición subsidiaria de aplicar el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte.
El fallo se centró en la competencia del organismo internacional para conocer el caso, lo que significa que no debe interpretarse como una resolución de fondo sobre todas las acusaciones formuladas por JLL Capital, sino como una determinación de que el tribunal no podía conocer la controversia bajo los fundamentos jurídicos planteados.
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El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, afirmó que la institución mantendrá su posición de defender los intereses nacionales ante las reclamaciones presentadas en instancias internacionales.
“Nosotros vamos a defender el patrimonio del Estado de Honduras; la postura del Estado será defenderse”, expresó el funcionario al referirse al resultado del arbitraje.
Defensa de los recursos públicos
Aspra calificó la resolución como un motivo de satisfacción para la institución y señaló que se trata del primer caso ganado por Honduras entre los 13 procesos que, según indicó, enfrenta el país ante el CIADI.
La cantidad de controversias pendientes mantiene la atención sobre la estrategia jurídica del Estado y los posibles riesgos financieros que podrían representar otras reclamaciones internacionales.
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El caso contra JLL Capital se convierte en un antecedente relevante para Honduras por la magnitud de la suma reclamada y por la discusión sobre el alcance de las protecciones establecidas en los tratados comerciales.
Aunque la decisión evita el pago de los USD 460 millones solicitados por la empresa, el resultado no implica que todas las controversias internacionales que enfrenta el país hayan quedado resueltas.
La PGR aseguró que continuará con la defensa jurídica del Estado en los procedimientos pendientes, con el objetivo de proteger los recursos públicos frente a las reclamaciones presentadas por inversionistas extranjeros.
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